El Ministerio Público inició este lunes la lectura de la acusación contra los imputados en el caso de presuntos sobornos vinculados con contratos de servicios de seguridad privada en instituciones del Estado.
Ante el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la fiscal Rosa Pichardo explicó que la investigación comenzó a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Según expuso la representante del Ministerio Público, la acusación señala a la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), representada por uno de los imputados, de realizar presuntos pagos ilícitos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, en operaciones relacionadas con el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Edesur, Edenorte y el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Pichardo afirmó que la investigación busca demostrar la existencia de un esquema de pagos ilícitos para favorecer la adjudicación y continuidad de contratos, así como agilizar el pago de facturas.
De acuerdo con la acusación, las operaciones habrían incluido entregas de dinero en efectivo, transferencias bancarias, intervención en procedimientos de contratación y evaluaciones técnicas, obstáculos a otros contratistas, modificaciones contractuales y uso de intermediarios.
La fiscal indicó que una de las modalidades identificadas consistía en destinar entre el 5 % y el 10 % del monto contratado con el Estado al pago de presuntos sobornos.
En el caso del Inaipi, la acusación describe supuestos obstáculos que habría enfrentado el contratista Oru VIP durante el proceso de contratación. Según la representante del Ministerio Público, el mecanismo habría permitido favorecer a la empresa investigada y mantener sus contratos con las instituciones públicas señaladas.
Acusación supera los RD$108 millones
Pichardo informó que el expediente investiga presuntos sobornos por un total de RD$ 108,080,359.92, relacionados con las entidades mencionadas.
Explicó que el proceso fue declarado complejo mediante la resolución número 01393, del 24 de julio de 2025, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Según indicó, la complejidad del caso responde a la cantidad de personas físicas y jurídicas involucradas, los períodos investigados y el volumen de documentación analizada. Entre las evidencias citadas figuran contratos, adendas, movimientos bancarios y patrimoniales, cuentas de terceros, cheques, correos electrónicos, dispositivos electrónicos, testimonios, auditorías y análisis financieros.
Personas y empresas acusadas
Durante la lectura, el Ministerio Público presentó acusación contra Elvin Benjamín Rodríguez González, Carlos Manuel González, Francisco Valentín Fernández Vázquez, Ramón Quesada Ortiz, Yordy Eduardo Brache Barru, Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Ocio, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Wellinton Perata Santos.
También presentó acusación contra las personas jurídicas Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), El Niño Prodigio, E.I.R.L., Majesty Wet Recycling, S.A., y Majesty Wet Recycling, S.R.L.
Los señalamientos forman parte de la acusación del Ministerio Público y deberán ser examinados durante el proceso judicial.
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