El Ministerio Público apelará la decisión que ordena pagar RD$ 7,560,000 a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los imputados en el caso de presunta corrupción relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por la retención de un teléfono celular cuyo valor de mercado ronda los RD$3,000.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que la sentencia contiene graves vicios procesales y cuestiona, entre otros aspectos, que haya sido dictada por una jueza que, según su interpretación, estaba desapoderada del expediente desde octubre de 2025.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado informaron que recibieron la notificación de la decisión el jueves y que disponen de un plazo de 20 días para recurrirla en apelación.
De acuerdo con Pérez, la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió el fallo a favor de Álvarez Carbuccia pese a que el proceso había pasado al Sexto Juzgado de la Instrucción el 24 de octubre de 2025. Este último tribunal conoció la audiencia preliminar y posteriormente dictó auto de apertura a juicio.
El Ministerio Público también cuestiona la forma en que la jueza habría aplicado la figura de la astreinte para establecer el monto de RD$ 7.5 millones, al considerar que se produjo una desnaturalización de ese mecanismo procesal y que la suma fijada resulta desproporcionada frente al valor del bien cuya entrega se reclama.
La decisión establece el pago de RD$ 7,560,000 por concepto de liquidación de una astreinte relacionada con una serie de bienes que, según la Pepca, ya fueron entregados al procesado. Entre los objetos reclamados figura un teléfono Samsung S3, cuyo valor de mercado, de acuerdo con el órgano acusador, ronda los RD$3,000.
Pérez sostuvo además que el tribunal que actualmente conoce el proceso de corrupción tampoco tendría competencia para decidir sobre la reclamación relacionada con el teléfono, debido a que, según explicó, el asunto corresponde a una jurisdicción distinta a la penal.
El caso por corrupción contra Álvarez Carbuccia y otros imputados será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que fijó audiencia para el próximo 11 de agosto.
El caso Intrant
Juan Francisco Álvarez Carbuccia figura entre los acusados en el expediente que involucra al exdirector del Intrant Hugo Beras y al empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, entre otros procesados.
Según la acusación del Ministerio Público, durante la gestión de Beras en el Intrant se habrían producido adjudicaciones irregulares a empresas que no contaban con capacidad técnica suficiente, además de una supuesta manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo.
El expediente atribuye a Gómez Canaán haber resultado beneficiado con contratos presuntamente fraudulentos vinculados a las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange. También lo señala por el supuesto control de sistemas semafóricos, de videovigilancia y de espionaje tecnológico, así como por el alegado sabotaje de la red semafórica.
En el caso de Álvarez Carbuccia, la acusación sostiene que emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant.
Los imputados enfrentan acusaciones por lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, además de sabotaje, robo de identidad y delitos de alta tecnología. El expediente también incluye imputaciones por uso de documentos privados, contrabando y violaciones a la Ley de Armas.
El Ministerio Público asegura que algunas de las personas jurídicas incluidas en el expediente fueron utilizadas para ejecutar contratos que considera fraudulentos y para facilitar el control de la red semafórica.
El pasado 5 de junio, a solicitud de la Fiscalía, los procesados fueron enviados a juicio de fondo.
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