El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta dirigida a todas las instituciones del Estado, en la cual se establece la obligatoriedad de que los proveedores cumplan con las normas laborales y de seguridad social durante la ejecución de contratos públicos.
La disposición, firmada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, resalta que el respeto a los derechos laborales constituye un principio esencial de integridad y ética contractual.
El documento instruye a las instituciones contratantes a supervisar de forma activa que los proveedores cumplan con la inscripción de sus empleados en la seguridad social, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, y la proporción mínima de un 80 % de trabajadores nacionales.
La circular también dispone que los contratos incluyan cláusulas que establezcan el incumplimiento de estas obligaciones como causal de rescisión unilateral o de sanciones legales, previa certificación del Ministerio de Trabajo o de la Tesorería de la Seguridad Social.
Con esta medida, las autoridades buscan fortalecer la transparencia en la contratación pública, promover empleos formales y garantizar que los recursos estatales se conviertan en un instrumento de desarrollo inclusivo y sostenible.
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