Dos años después de que el presidente Luis Abinader prometiera transparentar la gestión del Gobierno mediante la publicación periódica de las auditorías financieras y de gestión realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) en instituciones centralizadas y autónomas del Estado, los datos oficiales muestran un panorama distinto.
En septiembre de 2023, la Presidencia de la República Dominicana anunció que la Contraloría General de la República había publicado sus primeros 19 informes de auditoría. El Gobierno presentó esa medida como un avance en transparencia y como una señal de cumplimiento de la Constitución y de las leyes 200-04 y 10-07.
Según la versión oficial, el objetivo de esas auditorías era garantizar que la ciudadanía pudiera acceder de forma directa a la información sobre cómo se administran e invierten los fondos públicos.
Los números que contradicen el discurso
La credibilidad del discurso oficial se debilita cuando se comparan los anuncios con las cifras de publicación. Entre 2023 y 2024, la Contraloría reportó 206 auditorías, pero solo 39 fueron hechas públicas, lo que equivale al 18.9 % del total. Según la distribución oficial, otras 39 auditorías (18.9 %) estaban listas para publicarse, 67 (32.5 %) seguían en proceso, 33 (16.0 %) estaban finalizadas, pero no se divulgaron, y 28 (13.6 %) correspondían a gobiernos locales.
En lo que va de 2026, la entidad de control interno solo ha hecho públicas tres auditorías correspondientes al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI). Los informes, elaborados entre 2020 y 2022, siguen siendo pocos si se comparan con la cantidad de auditorías ya concluidas o que seguían en trámite de aprobación desde 2024.
En resumen, menos de una quinta parte de las auditorías llegó al público, aunque muchas ya estaban listas o cerca de concluir. Esa brecha refuerza las dudas sobre la transparencia en el manejo de estos informes.
Informes a la Pepca sin acceso público
Además, la Unidad Antifraudes de la Contraloría ha preparado 123 informes para sustentar investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Gobierno. De ese total, 83 fueron requeridos por la Pepca y 11 por la vía penal. Sin embargo, la Contraloría no ha hecho público ninguno de esos documentos, lo que impide saber con claridad la magnitud y el alcance de los hallazgos.
Expansión operativa con resultados reservados
La brecha entre las auditorías realizadas y las públicas se amplió en 2025; la Contraloría informó que realizó 184 fiscalizaciones, coordinó otras 42 con firmas privadas y ejecutó 68 auditorías a gobiernos locales entre enero y junio. Es decir, su capacidad operativa siguió creciendo y ese avance fue ampliamente difundido por el Gobierno.
Sin embargo, esa expansión no estuvo acompañada por una política igual de clara para publicar los resultados. Muchos informes siguieron retenidos, pese al aumento en la capacidad de fiscalización. En la práctica, la Contraloría mostró más músculo para auditar, pero no el mismo nivel de transparencia al momento de divulgar sus hallazgos.
Cuando la ley exige transparencia
La Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, reconoce el acceso a la información como un derecho y obliga a las instituciones del Estado a actuar con transparencia activa. Por eso, la publicación de auditorías no debería depender de conveniencias políticas ni de decisiones discrecionales, sino de un procedimiento claro, regular y respaldado por la normativa.
Según la propia versión del Gobierno, la publicación de esas auditorías respondía al cumplimiento de normas ya vigentes sobre acceso a la información y control interno. Si publicar auditorías forma parte de sus obligaciones de transparencia, presentarlo como un anuncio político distorsiona su sentido. Lo que debería ser una regla termina mostrándose como una concesión.
El impacto de las auditorías no publicadas
Un experto consultado por Acento advierte que cada auditoría no publicada le quita a la ciudadanía, a la prensa y a las entidades de monitoreo fiscal una herramienta crucial para vigilar el uso de los recursos públicos. Sin esa información, detectar posibles irregularidades en la administración de bienes públicos se vuelve mucho más difícil.
“La honestidad de un gobierno no se demuestra por la cantidad de auditorías que anuncia, sino por las que realmente pone al alcance de la gente, completas y sin filtros. Mientras las 126 fiscalizaciones pendientes sigan fuera de la vista pública, la disposición del presidente Abinader se sentirá más como un anuncio que como una política de transparencia”, subrayó la fuente.
Más control interno, menos transparencia pública
La revisión de comunicados oficiales y del portal de transparencia de la Contraloría permite seguir con claridad la evolución de este proceso. En septiembre de 2023, el Ejecutivo informó la publicación de 19 auditorías. Para enero de 2025, la cifra oficial había aumentado a 39 los informes divulgados.
Durante ese mismo período, la institución amplió su capacidad operativa, reforzó unidades, proyectó nuevas auditorías y reguló con mayor detalle la contratación de firmas privadas. Sin embargo, ese fortalecimiento no se tradujo en un mejor acceso público a los informes concluidos que debieron publicarse en el portal institucional, como indica la normativa 200-04.
La brecha entre fiscalizar y publicar
Cuando se ordenan los datos oficiales, la contradicción resulta evidente. La Contraloría exhibe más auditorías, mayor cobertura y una estructura institucional más sólida, pero no demuestra con igual claridad que los resultados se hayan publicado en esa misma proporción.
La diferencia no está en cómo se interpreten los datos, sino en lo que muestran las propias cifras oficiales: el Gobierno audita más de lo que publica y anuncia más de lo que realmente pone bajo el escrutinio público.
Lo que revelan los informes ya publicados
Lo que ya se ha hecho público permite medir la importancia de los informes que siguen fuera del alcance ciudadano. En su balance de 2025, la Contraloría reconoció que las auditorías practicadas detectaron “hallazgos estructurales recurrentes” que requerían atención prioritaria.
Los documentos accesibles y los comunicados institucionales muestran pagos sin respaldo, debilidades en el control interno, inconsistencias en nóminas, fallas en inventarios y problemas en la ejecución presupuestaria. Si esos hallazgos aparecen en los informes ya divulgados, la pregunta de fondo se vuelve inevitable: ¿Qué contienen los que aún no han sido publicados?
Estos ejemplos, por sí solos, no permiten determinar qué contienen todos los informes que todavía no se han publicado. Sin embargo, sí dejan claro que la información retenida puede tener un alto interés público.
Por eso, la omisión no es un detalle menor. Cuando esos documentos se mantienen fuera del alcance de la ciudadanía, se vuelve más difícil detectar patrones de malas prácticas administrativas, identificar reincidencias y exigir responsabilidades con mayor claridad.
El punto ciego de la transparencia oficial
Para entender por qué algunos informes de auditoría se publican y otros no, primero hace falta algo básico: que se divulgue el listado completo de las auditorías ya concluidas que todavía siguen sin hacerse públicas. En transparencia, no solo cuenta lo que se muestra, sino también lo que se mantiene bajo reserva y las razones que explican esa decisión.
Cuando el argumento legal se vuelve en contra
La contradicción se profundiza con el propio argumento jurídico que el Gobierno usó para defender la publicación de auditorías. En el comunicado del 13 de septiembre de 2023, la Presidencia sostuvo que esa divulgación respondía al cumplimiento de la Ley 200-04, la Constitución y la Ley 10-07.
Si esa es la base legal invocada por el Estado, mantener informes ya concluidos fuera del acceso público y sin una justificación expresa no puede verse solo como una demora administrativa. También entra en tensión con el principio de publicidad que el propio Gobierno presentó como fundamento de su actuación.
Lo que no debería seguir bajo llave
La discusión de fondo no está solo en cuántas auditorías se hacen, sino en cuándo un informe deja de tratarse como un documento interno y pasa a reconocerse como información de interés público. Si un expediente ya está concluido o listo para difundirse, su publicación no debería quedar sujeta a decisiones ambiguas ni al criterio personal de un funcionario, sino al cumplimiento de la normativa.
Especialistas sostienen que un informe de fiscalización sobre recursos públicos solo debería reservarse si existen razones excepcionales, objetivas y verificables. De lo contrario, el acceso a la información deja de ser un derecho y pasa a depender del criterio de la propia Contraloría.
Más fiscalización, pero menos transparencia
Las cifras muestran que la Contraloría ha fortalecido su capacidad de trabajo al hacer más auditorías, ampliar sus unidades y recurrir al apoyo de firmas privadas para llegar más lejos en el monitoreo de los bienes públicos.
Pero el problema no está en la capacidad operativa, sino en lo que ocurre al final del proceso: son las autoridades las que deciden qué hallazgos se hacen públicos, cuáles quedan en espera y cuáles siguen fuera del alcance de la ciudadanía. Ahí se juega buena parte de la diferencia entre una transparencia real y una transparencia manejada a discreción.
Sin acceso público, la auditoría pierde impacto
Una auditoría interna puede ayudar a corregir irregularidades y malas prácticas. Pero si se queda guardada, la ciudadanía no tiene cómo saber de qué manera la institución auditada manejó los recursos públicos ni qué tan graves fueron los hallazgos. Por eso, publicarlos no es opcional, es una exigencia legal para que la auditoría se convierta en rendición de cuentas.
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