La Suprema Corte de Justicia (SCJ) que Luis Henry Molina recibió en 2019 acumulaba casi dos décadas de expedientes sin resolver. La que deja, con el período constitucional de siete años de sus magistrados próximo a cumplirse, resolvió cerca de 48,000 casos, redujo el tiempo promedio de tramitación de 639 a 131 días y digitalizó procesos que el sistema judicial dominicano arrastraba en papel desde mediados del siglo pasado. Los números son reales. La discusión sobre si eso alcanza para hablar de una justicia independiente, todavía no está cerrada.
¿Cuánto atraso judicial heredó la SCJ y qué logró resolver?
En enero de 2020, el máximo tribunal del país cargaba con 18,357 recursos de casación y otros asuntos pendientes, algunos con expedientes que habían ingresado desde 1982. Era, en términos prácticos, una justicia que llegaba con décadas de retraso.
La administración respondió con lo que denominó un plan de emergencia bajo el lema "Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas": reorganización de la Secretaría General, metas de productividad por sala y una estrategia diferenciada para las tres salas especializadas del tribunal.
Los resultados fueron progresivos y documentados. En 2021, la SCJ resolvió 11,637 casos pendientes, la primera vez que los expedientes solucionados superaron los nuevos ingresos. Al cierre de 2022, el tribunal había liquidado todos los expedientes anteriores a 2019, reduciendo los casos pendientes de audiencia y fallo a 1,766: una caída del 81% del atraso acumulado. Para noviembre de 2024, la Segunda Sala Penal operaba sin expedientes anteriores a 2023 ni trámites con más de seis meses de antigüedad.
Entre junio de 2019 y noviembre de 2024, la SCJ resolvió 47,986 casos. A nivel nacional, aproximadamente el 35% de los tribunales dominicanos operaban al día.
¿Qué cambió con la nueva Ley de Casación?
El atraso judicial tiene causas estructurales, y la administración Molina lo sabía. Por eso impulsó una reforma legislativa al recurso de casación, históricamente uno de los principales cuellos de botella del sistema.
El Congreso aprobó la Ley No. 2-23, promulgada el 17 de enero de 2023, que sustituyó una normativa vigente desde 1953. La nueva ley introdujo el concepto de interés casacional: la SCJ concentra su trabajo en los casos que permiten establecer criterios jurídicos de alcance nacional y crear precedentes para los tribunales inferiores, en lugar de funcionar como una tercera instancia de revisión masiva.
La reforma también eliminó trámites considerados innecesarios, como la opinión obligatoria del Ministerio Público en asuntos civiles, redujo audiencias en procesos exclusivamente jurídicos y fijó plazos más estrictos. El resultado más visible: el tiempo promedio de tramitación pasó de 639 días a 131. La asignación de expedientes a las salas, que podía tardar hasta 365 días, quedó limitada a 37 días hábiles.
¿Cómo llegó la tecnología a los tribunales dominicanos y qué resistencias enfrentó?
La pandemia del COVID-19 en marzo de 2020 funcionó como acelerador forzoso. El Consejo del Poder Judicial aprobó medidas de emergencia que habilitaron la firma electrónica, el teletrabajo judicial y las audiencias virtuales. Pero la velocidad de la implementación generó un conflicto institucional de fondo.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana cuestionó que esos cambios se hicieran por vía reglamentaria, sin pasar por el Congreso. El Tribunal Constitucional le dio la razón: en septiembre de 2021, mediante la Sentencia TC/0286/21, estableció que la regulación de los procesos judiciales corresponde al Poder Legislativo.
El episodio obligó a una corrección de ruta. La SCJ y el Congreso impulsaron la Ley No. 339-22 sobre Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, aprobada para formalizar lo que ya se estaba haciendo. Su reglamento entró en vigor en octubre de 2022, otorgando validez jurídica al expediente electrónico, las notificaciones digitales y los procedimientos a distancia.
Entre los desarrollos tecnológicos del período destacan:
- JURITECA: plataforma pública y gratuita con más de 400,000 sentencias y decisiones judiciales consultables en línea.
- justicia.gob.do: portal para trámites, seguimiento de casos, validación digital de documentos y estadísticas judiciales.
- Instalación, en 2024, de sistemas de grabación en 34 salas de audiencias, con planes de expansión nacional.
¿Qué avances hubo en protección a víctimas y carrera judicial?
Cámaras Gesell y menos revictimización
La red de Centros de Entrevistas Forenses se amplió durante este período. Las cámaras Gesell y los circuitos cerrados de televisión permiten que víctimas y testigos vulnerables —especialmente menores de edad y víctimas de violencia de género— declaren en ambientes protegidos, con acompañamiento psicológico, sin tener que repetir su testimonio en múltiples instancias del proceso.
Escalafón judicial: menos discrecionalidad, más mérito
En 2021, el Consejo del Poder Judicial aprobó el Reglamento del Sistema de Escalafón Judicial, que estableció criterios objetivos para ascensos y traslados de jueces: tiempo de servicio, permanencia en la categoría, evaluaciones de desempeño. En diciembre de ese año, el Pleno de la SCJ ascendió a 161 jueces y juezas de los 11 departamentos judiciales del país bajo esos criterios.
¿Qué dice FINJUS y cuál es el debate que queda abierto?
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) reconoció los avances. Su vicepresidente, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó la modernización del sistema, la reducción del atraso y la profesionalización de la carrera judicial. Pero la organización fue precisa en señalar lo que no cambió.
El Consejo Nacional de la Magistratura —el órgano que evalúa y renueva a los jueces de la SCJ— mantiene una composición mayoritariamente política y carece de un equipo técnico permanente para evaluar el desempeño judicial. FINJUS propuso una reforma constitucional que elimine las evaluaciones periódicas y establezca un mandato único de siete años para los magistrados, con el objetivo de blindarlos de presiones políticas.
Es el nudo que la gestión Molina no pudo —o no quiso— desatar: la independencia judicial no se mide solo en expedientes resueltos. Se mide también en quién decide quién juzga y bajo qué criterios.
¿Cómo fue la elección?
La elección de Molina en abril de 2019 estuvo marcada desde el inicio por cuestionamientos a su trayectoria: fue viceministro de la Presidencia y director de campaña política en 2016 del Partido de la Liberación Dominicana. Su respuesta fue siempre la misma —que la independencia judicial se mide en las decisiones, no en el currículum previo—. Esa tensión entre origen político y función judicial atravesó toda su gestión y sigue siendo el eje del debate sobre la reforma pendiente al Consejo Nacional de la Magistratura.
Con el período constitucional de los actuales magistrados próximo a vencer, el país debe pensar en qué tipo de SCJ quiere construir el país para los próximos siete años.
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