José Dolores Santana defiende su trayectoria profesional y explica su vínculo con contratos de la OISOE

José Dolores Santana, uno de los imputados en el caso Antipulpo, aseguró que la acusación del Ministerio Público responde a una interpretación subjetiva de los hechos y no a una comprensión real de cómo se ejecutaron los proyectos vinculados a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

“Con esta acusación, lo que ha hecho el Ministerio Público es querer decirles a ustedes cómo ellos visualizan algo que otros vivieron”, expresó Santana, al explicar su historial profesional de más de 20 años en el área de implementación clínica y hospitalaria.

Según relató, desde el año 2013 pasó a formar parte como socio de una empresa legalmente constituida, dedicada a presentar soluciones técnicas en el sector salud.

“Cuando tú tienes una propuesta técnica sólida y te la aprueban, buscas el capital necesario para ejecutar, aunque seas una empresa pequeña”, dijo.

Santana detalló que su participación en proyectos relacionados con la OISOE surgió a partir de oportunidades legítimas de negocio. Afirmó que, en esos procesos, un contratista —Efraín Báez— tenía contratos vigentes desde 2012 que permitían modificaciones mediante órdenes de cambio autorizadas por la institución. Estas modificaciones, según explicó, eran una práctica usual para ajustar partidas dentro del mismo contrato, lo que permitió que otras empresas ejecutaran trabajos específicos.

El acuerdo era claro: nosotros ejecutábamos una orden de cambio, y el titular del contrato firmaba los presupuestos y cubicaciones. Luego se nos otorgaba una cesión de crédito para que recibiéramos el pago, explicó.

Agregó que todo el proceso estaba documentado y que no hubo irregularidades en su actuación, sino compromisos firmados entre las partes que permitieron a su empresa realizar trabajos y cobrar de forma legal.

José Dolores Santana reiteró que su conocimiento técnico y experiencia en el sector le permitieron ofrecer soluciones reales, y que su participación en esos contratos fue legítima y bajo los marcos establecidos por las autoridades contratantes.