La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dio inicio a la audiencia preliminar contra los implicados en el presunto fraude y corrupción dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en el proceso judicial denominado caso Camaleón.
La audiencia comenzó con la lectura de la acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Mirna Ortiz, quien detalló las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de licitación relacionado con el sistema de control y semaforización del tránsito.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el proceso de contratación habría presentado inconsistencias desde su desarrollo administrativo.
Según la investigación, la convocatoria para la licitación pública nacional fue publicada los días 20 y 29 de febrero de 2023 en periódicos de circulación nacional, estableciendo que las ofertas económicas debían depositarse en sobres sellados hasta el 11 de abril de ese mismo año.
En el registro del proceso participaron 21 empresas interesadas, entre ellas Transcore Latam SRL.
El Ministerio Público sostiene que Pedro Vinicius Padoval Balcares inscribió a dicha empresa en el registro de proveedores del Estado el 17 de mayo de 2023, apenas 25 días antes del depósito de la oferta económica, lo que, según la acusación, evidenciaría falta de experiencia e historial empresarial pese a que estos eran criterios de evaluación técnica establecidos en el pliego de condiciones.
El expediente también señala que el 21 de febrero de 2023 se habría realizado una asamblea general extraordinaria en la que, presuntamente falsificando firmas de George Winkerman, se transfirieron cuotas sociales de la sociedad Transcor LP a favor de Pedro Vinicio Padoval Várez, modificándose además el objeto social de la empresa para incluir servicios de seguridad, control público y distribución de semáforos.
Posteriormente, el 7 de marzo de 2023 se habría celebrado otra asamblea extraordinaria mediante la cual se cedieron cuotas a dos sociedades extranjeras, Transcor LTE LXC y SIC Transcor LLX.
La investigación también establece que la sociedad SIC Gascot EERC, cuyo domicilio fue declarado en Middletown, Delaware, Estados Unidos, no tendría existencia legal según verificaciones realizadas por las autoridades.
Asimismo, el expediente señala que Ricardo Echalde, representante de la empresa colombiana Sistemas Integrados de Control SAS, presentó una denuncia ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas el 7 de junio de 2023 por presunto uso no autorizado de credenciales técnicas de su empresa.
El Ministerio Público también indicó que el 28 de marzo de 2023 se realizaron modificaciones sustanciales al pliego de condiciones mediante la denominada Enmienda No. 1, sin convocatoria ni participación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones.
Entre los cambios señalados figuran la eliminación de la ponderación de 20 puntos para la oferta económica, otorgando el 100 % de la calificación a la evaluación técnica, así como la reducción de los requisitos de experiencia de 15 años a un año y la disminución de exigencias sobre controladores de tráfico e intersecciones desplegadas a nivel internacional.
Entre los implicados figuran Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez, Sergio Alcántara, José Pérez Encarnación, Edwin Mejía, y Francisco Antonio Mejía, quienes, según la acusación, habrían participado en distintas maniobras para beneficiar a empresas vinculadas al proceso de contratación.
El caso salió a la luz pública en el año 2023, cuando las autoridades iniciaron las investigaciones tras detectarse presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato del sistema de semaforización del Intrant.
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