Finjus propone exigir declaración patrimonial y mayor control al financiamiento político en nuevo proyecto de ley

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, remitió una comunicación a la comisión especial que estudia el proyecto de ley sobre integridad y control del financiamiento político, en la que plantea una serie de observaciones orientadas a fortalecer la transparencia y prevenir el uso de recursos ilícitos en la política.

La carta, dirigida al senador Pedro Manuel Catrain Bonilla, reconoce avances del país en materia de rendición de cuentas, pero advierte la necesidad de extender estos controles al ámbito de las candidaturas. En ese sentido, propone como requisito obligatorio que quienes aspiren a cargos de elección popular presenten una declaración jurada de patrimonio correspondiente a los últimos tres años ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con el fin de verificar la evolución de sus bienes y detectar posibles incrementos injustificados.

Asimismo, Finjus plantea que los partidos políticos asuman una mayor responsabilidad mediante la implementación de mecanismos de debida diligencia sobre candidatos, donantes y financistas, incluyendo la verificación de antecedentes por corrupción, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado, así como la validación del origen de los fondos.

La entidad también recomienda crear o fortalecer una unidad técnica especializada con autonomía funcional para fiscalizar el financiamiento político, con capacidad de coordinación interinstitucional, así como establecer un sistema de trazabilidad completo de los aportes a través de registros públicos digitales que detallen origen, monto y destino de los recursos, limitando el uso de efectivo.

En cuanto al régimen sancionador, la organización propone medidas disuasorias como la pérdida de candidatura, nulidad de elección, suspensión del financiamiento público, inhabilitación y responsabilidad penal en los casos que corresponda, además de incorporar mecanismos de protección para denunciantes.

Finjus advirtió que una legislación débil frente al financiamiento ilícito puede facilitar la penetración de estructuras criminales en la política, lo que —señala— erosiona la democracia y debilita la confianza ciudadana. En ese contexto, consideró que la aprobación de una norma robusta constituye una “responsabilidad inaplazable” para proteger la integridad del sistema democrático.