Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostuvo que episodios como el ocurrido —“lamentables” y “reprochables”— evidencian la necesidad de acelerar cambios estructurales, incluyendo la aprobación de un proyecto de ley pendiente en el Senado y una transformación sostenida más allá de un solo gobierno.

El abuso policial cometido contra Darlin Enmanuel Mercado Reyes en la cañada de Guajimía, del sector de Herrera,—que, según afirmó, no ocurren por primera vez— deben ser asumidos como señales de alarma para acelerar la reforma y transformación de la institución. Así lo planteó Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, al calificar estos episodios como “lamentables”, “reprochables” e “inaceptables”.

Para Castaños Guzmán, este tipo de acontecimientos “revelan que hay que seguir profundizando el proceso de reforma y transformación de la policía”. Reconoció que se han producido “algunos pasos” y “condiciones de mejora”, pero advirtió que el país todavía necesita una reforma de carácter estructural que marque un antes y un después.

En ese sentido, señaló como pieza central la aprobación de un proyecto de ley que, indicó, permanece pendiente en el Senado de la República. A su juicio, es a partir de ese marco legal cuando “real y efectivamente se va a comenzar a sentir el proceso de reforma”, sin desconocer que el cambio institucional no depende únicamente de una norma.

El vicepresidente ejecutivo de Finjus subrayó que una reforma integral no se limita “única y exclusivamente” a políticas públicas ejecutadas desde el Estado. Dijo que se requiere una combinación de elementos, entre ellos una reforma legal que permita “crear una nueva policía realmente” y que sea “cercana a la ciudadanía”.

Además del componente normativo, Castaños Guzmán planteó la necesidad de revisar y fortalecer los requisitos de ingreso a la institución, con el objetivo de identificar qué aspectos pueden mejorarse como parte del proceso de transformación.

Sin embargo, insistió en que la sostenibilidad del cambio dependerá también de un acuerdo político amplio. “Desde el Gobierno se debe de hacer un pacto político que gire alrededor de la reforma policial”, afirmó, al proponer que partidos e instituciones de la sociedad se involucren en el proceso por tratarse de un tema que “nos afecta y nos conmueve a todos”.

Para ilustrar el tipo de continuidad que considera necesaria, comparó el esfuerzo con políticas sostenidas durante décadas en otros ámbitos del Estado: un proceso en el que “cada gobierno que llega respeta lo que hizo el anterior”. En su visión, esa estabilidad es clave para que la reforma policial no sea interrumpida ni redirigida con cada cambio de administración.

Castaños Guzmán concluyó que estos hechos deben llevar a una “reflexión” colectiva, pero también a crear conciencia sobre la naturaleza del desafío: se trata de un proceso que ya inició y que, advirtió, “va a tomar un tiempo”.

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