Faride Raful demanda a hija de La Tora por difamación y le exige RD$ 50 millones por daños morales

La ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano, presentó una querella penal con constitución en actor civil contra la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez hija de la también comunicadora Claudia Pérez, conocida popularmente como La Tora, a quien acusa de difamación e injuria pública por haberla vinculado de manera falsa con actividades del narcotráfico y proferido amenazas de divulgar supuestos videos íntimos.

La demanda fue depositada el 30 de mayo de 2025 ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Según el documento, Jorge Pérez utilizó su cuenta de Instagram y el canal de YouTube La Tora TV para difundir “acusaciones falsas, ofensivas y sin prueba alguna”, con el objetivo de desacreditar la imagen pública y profesional de la funcionaria.

La querella establece que la comunicadora afirmó tener “informaciones de ley” que implican a Raful Soriano en una red de narcotráfico, señalando que “le da policías a narcotraficantes para escoltar droga desde una provincia en específico”. Estas declaraciones, de acuerdo con el documento legal, constituyen imputaciones graves que atentan contra el honor, la dignidad y la integridad de la ministra.

Además, se señala que Jorge reiteró estas acusaciones en el programa “Controlando la Mañana”, transmitido por el canal La Tora TV, y aseguró públicamente poseer un video íntimo de la funcionaria, el cual supuestamente divulgaría si no cesaban las acciones legales en su contra.

La defensa legal de la funcionaria, encabezada por el abogado Miguel E. Valerio, solicita que se condene a Jorge Pérez al pago de una indemnización de RD$ 50,000,000.00 por concepto de daños y perjuicios, además de las sanciones penales establecidas en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 367 del Código Penal.

El escrito concluye que los hechos atribuibles a la imputada tienen “una naturaleza extremadamente grave y ofensiva” y solicita a las autoridades judiciales que inicien la investigación correspondiente para determinar la responsabilidad penal y civil de la querellada.