El Movimiento Reconocido saludó la convocatoria realizada por el Consejo Económico y Social (CES) para debatir una nueva política migratoria frente a la situación actual y exigió que impulse una que verdaderamente se centre en el respeto de los derechos humanos (DDHH).

Este colectivo dijo en un comunicado que considera que ese diálogo "es una herramienta fundamental en democracia, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles que impactan la vida de miles de personas".

Por lo mismo, valoró este espacio como una oportunidad para construir una política migratoria "basada en el respeto a los derechos humanos, que reconozca el aporte de las personas migrantes al desarrollo nacional y garantice condiciones de vida dignas para ellas y sus familias".

En este sentido, sostuvo que una política migratoria responsable debe construirse partiendo del cumplimiento de lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes, "por ejemplo, cumpliendo estrictamente con las disposiciones que prohíben la deportación de mujeres embarazadas, madres lactantes, niños, niñas y personas envejecientes".

El respeto a este marco legal, añade, "debe servir como base para avanzar hacia una regularización ordenada, sostenible y con enfoque de derechos, que permita a los trabajadores migrantes y sus familias acceder a condiciones de vida dignas, estabilidad y protección social".

Diagnóstico de demanda laboral por sector 

El Movimiento Reconocido propuso al Estado que realice un diagnóstico actualizado de la demanda laboral por sector productivo, "con el objetivo de avanzar hacia una regularización ordenada, transparente y sostenible de los trabajadores migrantes, que les permita acceder a derechos fundamentales como salud, educación, seguridad social y protección laboral".

Asimismo recordó que la Dirección General de Migración (DGM) "no está facultada legalmente para operar centros de detención" y que las normas ordenan que "toda persona detenida fuera de la frontera debe ser puesta a disposición de la Procuraduría General de la República".

Por tanto, remarcó, "los actuales centros de detención deben ser traspasados a la PGR, garantizando así el debido proceso y el respeto a la dignidad humana".

Trabajadores cañeros

También llamó a reconocer los derechos de los trabajadores cañeros, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, quienes durante décadas han contribuido al desarrollo de la industria azucarera nacional.

"Es urgente otorgarles la residencia y los beneficios que les corresponden por derecho y por justicia histórica", sostuvo.

Sentencia de apatridia y desnacionalización

Al reconocer que el actual proceso de diálogo en el CES tiene como objetivo principal la definición de una política migratoria nacional, este colectivo sostuvo que la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la Sentencia 168-13 "no puede ni debe ser abordada en este espacio, ya que no se trata de un tema migratorio ni de regularización".

"Se trata, más bien -subrayó-, de una grave violación de derechos fundamentales, en particular del derecho a la nacionalidad, que fue despojado arbitrariamente a personas nacidas en territorio dominicano".

Propuso que, una vez concluido este ciclo de diálogo sobre política migratoria, "se abra un espacio específico, institucional y con las garantías adecuadas para abordar el tema del reconocimiento de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana", proceso que "debe enfocarse en restablecer plenamente su derecho a la nacionalidad, conforme a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos".

El Movimiento Reconocido reiteró su compromiso con "una política migratoria justa, humana y sostenible", por lo mismo que reconozca a las personas migrantes como "sujetos de derechos y no como amenazas a la seguridad nacional".

Al mismo tiempo, advirtió que seguirá luchando para "que se reconozca y repare la situación de desnacionalización y apatridia que aún enfrentan miles de dominicanos de ascendencia haitiana".

"Invitamos al Estado dominicano, a los sectores participantes y a la sociedad en general a aprovechar este diálogo para construir un país más inclusivo, justo y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de origen, color de piel, apellido o condición social", concluye el texto.

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