Evitar la doble tributación es clave para seguridad jurídica

El convenio entre la República Dominicana y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal establece reglas claras para evitar que una misma renta sea gravada en ambos países y para reforzar la seguridad jurídica en las operaciones transfronterizas, afirmaron CEF.- Santo Domingo, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci).

Durante un panel virtual sobre el alcance del tratado, las instituciones explicaron que el convenio distribuye las potestades tributarias entre el país donde se genera la renta (país fuente) y el país de residencia del contribuyente, fijando límites máximos de retención en la fuente y mecanismos para eliminar la doble tributación, como el crédito fiscal o la exención.

Acuerdo vigente

El acuerdo, en vigor desde el 25 de julio de 2014, regula la tributación de dividendos, intereses, regalías y prestación de servicios. En términos generales, establece un tope de 10 % de retención en la fuente para dividendos con posibilidad de exención cuando exista una participación directa mínima del 75% así como para intereses y regalías, con disposiciones específicas según el tipo de renta.

Uno de los aspectos relevantes del Convenio es que incluye una disposición particular sobre servicios, permitiendo que el Estado donde se prestan físicamente pueda gravar esas rentas hasta un límite del 10% sobre el monto bruto, salvo que exista establecimiento permanente.

Otros criterios del tratado

El tratado también define criterios para determinar la residencia fiscal y el establecimiento permanente, conceptos esenciales para aplicar los beneficios del acuerdo. En caso de doble residencia, se establecen reglas de desempate basadas en vivienda permanente y centro de intereses vitales.

Asimismo, incorpora cláusulas antiabuso para evitar el uso indebido del Convenio y contempla el intercambio de información entre autoridades fiscales, como mecanismo para prevenir la evasión y fortalecer la transparencia.

Las entidades organizadoras señalaron que el convenio RD–España constituye un instrumento clave para fomentar la inversión, reducir conflictos tributarios y garantizar un marco de certeza jurídica en las relaciones económicas entre ambos países.