El Estado dominicano destinó RD$ 342,836,617,298.16 a la compra de alimentos entre agosto de 2020 y junio de 2026, según datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en un período en el que el país redujo la prevalencia de desnutrición por debajo del 2.5 %, umbral establecido por la FAO para considerar superado el problema del hambre como fenómeno estructural.

Los recursos fueron ejecutados mediante 277 procesos de compra realizados por 14 instituciones vinculadas a programas de alimentación pública, asistencia social y atención a la primera infancia.

La mayor parte de ese gasto se concentró en cinco entidades, que acumularon el 99.79 % del monto total. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INAE) representó por sí solo el 85.73 % de las adquisiciones, seguido por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el antiguo Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).

El volumen de compras convierte al Estado en uno de los principales demandantes de alimentos del mercado nacional, con adquisiciones destinadas, entre otros programas, al suministro de escuelas, hospitales, comedores económicos y centros de atención a la primera infancia.

Los datos de Contrataciones Públicas indican además que el 100 % de las adjudicaciones correspondió a empresas nacionales, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) obtuvieron el 74.9 % de los contratos.

Dentro de ese grupo figuran asociaciones de productores, cooperativas rurales y agroindustrias locales. Las empresas lideradas por mujeres recibieron el 40.12 % de las adjudicaciones, mientras que las MIPYMES encabezadas por mujeres concentraron el 33.4 % del total.

La participación empresarial en los procesos también muestra un amplio número de oferentes. En las 277 convocatorias se registraron 19,870 ofertas de 4,677 proveedores, de un universo de 19,422 empresas registradas en rubros agroalimentarios.

De los participantes, 754 proveedores resultaron adjudicados y suscribieron 3,855 contratos.

Las licitaciones públicas nacionales recibieron un promedio de 77 ofertas por proceso, mientras que los procesos de excepción alcanzaron 74 y las subastas inversas electrónicas 24 ofertas en promedio.

En cuanto a los plazos de adjudicación, las licitaciones públicas tomaron un promedio de 52 días, las subastas inversas 27 días y los procesos de excepción 17 días.

La DGCP informó también que realizó labores de monitoreo sobre el 95 % del monto destinado a las compras agroalimentarias. De ese monto monitoreado, la institución realizó intervenciones mediante observaciones técnicas sobre el 63 %, equivalente a RD$215,987,068,897.84.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, vinculó el volumen de las compras públicas con la reducción de la inseguridad alimentaria registrada en el país y sostuvo que el resultado reconocido por la FAO responde a una política sostenida en el tiempo.

Pimentel afirmó que las compras estatales de alimentos, además de abastecer programas sociales, contribuyen a generar mercados para productores nacionales y a fortalecer las cadenas de valor vinculadas al sector agropecuario.

La República Dominicana fue reconocida por la FAO luego de registrar una prevalencia de desnutrición inferior al 2.5 %, indicador utilizado por el organismo internacional para medir la situación del hambre en los países.

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