El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, imputado por un caso de presunta agresión sexual contra una bebé.
Al ofrecer declaraciones a la prensa, la abogada Lisette Arias Abad, representante legal de la menor y de sus padres, aclaró que la niña no estaba bajo el cuidado del imputado, sino de su abuela materna, quien habitualmente la atendía mientras sus padres cumplían con sus jornadas laborales.
Arias Abad explicó que el imputado residía con su madre y que, según lo relatado por la familia, no había mostrado comportamientos que despertaran sospechas o alertaran sobre una situación de esa naturaleza.
La abogada indicó que los hechos pudieron ser detectados luego de que circularan audiovisuales en las redes sociales, lo que permitió a los familiares reconocer a la niña y actuar de inmediato.
Asimismo, señaló que el imputado no ofreció declaraciones durante la audiencia. Se reservó, además, los detalles sobre el centro penitenciario al que será trasladado, debido a que el proceso involucra a una menor de edad.
Investigación del Ministerio Público
De acuerdo con el expediente, el padre de la niña presentó la denuncia después de recibir un audiovisual a través de las redes sociales, en el que reconoció a su hija en brazos del imputado y observó las acciones de naturaleza sexual que dieron origen a la investigación.
La abuela materna también fue entrevistada por las autoridades y confirmó que los hechos habrían ocurrido en su residencia, lugar al que el imputado tenía acceso.
Como parte de las evidencias, el Ministerio Público incorporó un informe técnico de la Dirección de Área de Policía Cibernética, capturas de las publicaciones y un disco compacto con los videos preservados durante la investigación.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción había sido aplazada el domingo anterior, a fin de permitir que la defensa del imputado preparara y presentara los presupuestos ante el tribunal.
El Ministerio Público sustentó su solicitud en disposiciones del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Compartir esta nota
