El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, y el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, confirmaron que las autoridades dominicanas coordinan medidas preventivas ante la posibilidad de que haitianos deportados desde Estados Unidos intenten ingresar de manera irregular al país.
Fernández Onofre sostuvo que “se han reforzado los puestos de control militar e interagencial y se mantienen procesos de depuración en los principales puntos fronterizos”, mientras Lee Ballester afirmó que Migración instruyó a su personal para mantenerse atento ante cualquier intento de cruce irregular de los deportados.
La preocupación oficial surge en un contexto marcado por la reactivación de las deportaciones de haitianos desde Estados Unidos hacia Haití, el deterioro de la seguridad en territorio haitiano y la reducción de vías legales de movilidad. Parte de esos retornados podría llegar a un país con escasa capacidad para recibirlos y luego buscar una salida hacia la frontera dominico-haitiana.
Según reportes internacionales, entre 300.000 y 350.000 haitianos quedaron expuestos a perder la protección migratoria en Estados Unidos. Los primeros retornos se producen en un momento especialmente difícil para Haití: la inseguridad, el desplazamiento interno y la debilidad institucional aumentan la posibilidad de que algunas personas busquen salida hacia la frontera dominicana.
Muchos de esos haitianos no son migrantes recién llegados a Estados Unidos. En numerosos casos, llevan años insertados en comunidades estadounidenses, con empleos, hijos escolarizados, redes familiares, compromisos de vivienda o pequeños negocios. La pérdida del TPS no solo los deja sin permiso de trabajo y bajo amenaza de deportación, sino que también rompe vínculos económicos y sociales construidos durante largo tiempo.
Al ser enviados a Haití pueden encontrarse en un país distinto al que dejaron en 2010, con menos seguridad, menos oportunidades y menor capacidad institucional para recibirlos. Esa desconexión entre su vida previa en Estados Unidos y las condiciones actuales de Haití aumenta el riesgo de que busquen alternativas inmediatas fuera del territorio haitiano, incluida la posibilidad de intentar llegar a República Dominicana.
Los organismos internacionales advierten, desde hace meses, que la crisis haitiana se agrava. La Organización Internacional para las Migraciones reporta cerca de 1,5 millones de desplazados internos, la cifra más alta registrada. Agencias de Naciones Unidas también alertan sobre hambre aguda, deterioro de los servicios de salud y expansión de la violencia hacia zonas que antes eran vistas como refugio.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha descrito un escenario de riesgo extremo para la población haitiana. Según un informe de marzo de 2026, al menos 5.519 personas murieron y 2.608 resultaron heridas entre marzo de 2025 y enero de 2026 en hechos vinculados a bandas armadas, fuerzas de seguridad, empresas privadas de seguridad y grupos de autodefensa.
El documento también señala secuestros, extorsiones, trata de menores, violencia sexual y ataques contra propiedades públicas y privadas. Haití no enfrenta solo una crisis migratoria, sino una emergencia de seguridad, protección civil y derechos humanos.
La ONU también ha advertido que la expansión de las bandas ya no se limita a Puerto Príncipe. Los grupos armados han fortalecido corredores estratégicos, controlan rutas marítimas y terrestres vitales y han extendido su influencia hacia departamentos como Artibonite y Centro. Esa expansión, además de profundizar el miedo entre la población, complica cualquier operación de retorno, recepción o reintegración de deportados.
El fin del TPS y los primeros retornos
Durante años, el TPS permitió que miles de haitianos vivieran y trabajaran legalmente en Estados Unidos debido a las crisis extraordinarias que afectaban a su país. Con el fin de esa protección, muchos quedaron sin permiso laboral y bajo mayor amenaza de deportación, justo cuando Haití atraviesa uno de sus momentos más difíciles.
Reportes recientes señalan que los primeros vuelos de retorno llevaron a más de 150 haitianos a Cabo Haitiano. Si esas operaciones aumentan, Haití tendría que recibir a más deportados en medio de la violencia de bandas, el desplazamiento interno y una capacidad estatal limitada para acompañar a quienes regresan.
Otros reportes de prensa también han señalado que, dentro del amplio grupo de haitianos expuestos a deportación, podría haber personas que guardan prisión en Estados Unidos o que enfrentan procesos por distintos delitos. Aunque no se ha establecido cuántos de esos casos llegarían efectivamente a Haití, esa posibilidad agrega una preocupación adicional para las autoridades dominicanas, que tendrían que reforzar los mecanismos de depuración, verificación de antecedentes e intercambio de información con sus contrapartes extranjeras.
Ese elemento agrega una carga adicional al desafío dominicano. Si entre los retornados hay personas con antecedentes penales, procesos judiciales o vínculos con redes criminales, las autoridades tendrían que distinguir entre migrantes vulnerables, deportados sin apoyo familiar y posibles perfiles de riesgo. Esa depuración exige información confiable, cooperación internacional y capacidad operativa en tiempo real en los puntos de control.
El riesgo para República Dominicana
Para República Dominicana, el riesgo se manifiesta de manera directa en la frontera. Las autoridades temen posibles cruces irregulares, el crecimiento de redes de tráfico de personas y una mayor presión sobre hospitales, escuelas, mercados binacionales y servicios locales en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. No se trata solo de controlar entradas; también urge evitar que estructuras ilegales aprovechen la desesperación de quienes llegan sin opciones claras.
Especialistas en seguridad fronteriza advierten que, si Haití recibe deportados sin apoyo suficiente, parte de esa presión podría trasladarse hacia República Dominicana. El recorrido resulta previsible: una persona retorna forzosamente, no encuentra seguridad ni empleo y termina buscando una salida por pasos formales o informales de la frontera.
A esa presión se suma un factor que suele pesar en las decisiones de quienes migran: la estabilidad relativa de República Dominicana frente al deterioro haitiano. Para muchos haitianos, el lado dominicano representa acceso a empleo informal, servicios básicos, comercio, transporte, hospitales y comunidades donde ya existen vínculos familiares o laborales. Esa percepción convierte al país en un destino atractivo, aun cuando el ingreso irregular implique riesgos legales y controles cada vez más estrictos.
La respuesta dominicana
Frente a este escenario, el Gobierno dominicano ha reforzado dos líneas de acción: los controles migratorios dentro del país y la vigilancia en la frontera. La Dirección General de Migración ha intensificado operativos de interdicción, deportaciones por puntos fronterizos y verificaciones biométricas para confirmar identidades y reducir el uso de documentos falsos.
En el plano operativo, el ministro de Defensa explicó que las autoridades dominicanas esperan recibir listados oficiales de deportados por parte de las autoridades haitianas para distribuir esa información en los puntos de chequeo e identificar con mayor precisión posibles casos de riesgo.
De su lado, Lee Ballester informó que instruyó al personal ubicado en los puntos de chequeo fronterizos a mantenerse alerta ante posibles intentos de ingreso irregular de personas deportadas desde Estados Unidos, en especial de quienes pudieran cruzar con documentos falsos.
Lee Ballester explicó que Migración mantiene controles en Dajabón, Pedernales, Elías Piña y Jimaní. Esa labor se realiza en coordinación con el Ejército y el CESFRONT, con el propósito de reforzar la vigilancia en las zonas periféricas de la frontera y detectar extranjeros en condición migratoria irregular.
El funcionario también informó que sostuvo una reunión con el ministro Fernández Onofre para coordinar protocolos ante la posibilidad de que haitianos deportados desde Estados Unidos intenten entrar al país. “Reconocemos que, dada la inestabilidad y la crisis de seguridad en Haití, algunas personas deportadas desde ciudades estadounidenses podrían intentar entrar a República Dominicana para establecerse”, afirmó Lee Ballester. Ambos funcionarios ofrecieron sus declaraciones en exclusiva a Acento.
En el terreno, el Ejército de República Dominicana y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) han reforzado patrullajes, puestos de control y presencia en rutas tradicionales y pasos informales. La vigilancia incluye controles biométricos, supervisión de mercados binacionales y monitoreo de caminos vecinales, trochas y pasos no habilitados.
La inteligencia fronteriza será clave para detectar redes que cobran por cruces irregulares, transporte clandestino o falsificación de documentos. Estas actividades suelen crecer cuando aumentan las deportaciones, se reducen las vías legales de movilidad y las personas retornadas quedan en situación de mayor vulnerabilidad.
El Ejército complementa esas acciones con unidades móviles, retenes y patrullajes en profundidad, sobre todo en carreteras secundarias que conectan la frontera con centros urbanos. La coordinación entre Migración, CESFRONT y los organismos de inteligencia será determinante para cerrar rutas clandestinas y evitar que el flujo migratorio sea aprovechado por estructuras criminales.
El posible aumento de retornos desde Estados Unidos será una prueba importante para el nuevo comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón, y para el recién designado director del CESFRONT, Enrique Aguilera Trujillo. El desafío no será solo desplegar más soldados en la frontera, sino combinar vigilancia, planificación, inteligencia, depuración de perfiles, intercambio de información internacional y respeto a los protocolos humanitarios.
Seguridad, soberanía y derechos humanos bajo presión
El gran desafío para República Dominicana será encontrar un equilibrio complejo: proteger su soberanía y combatir las redes criminales sin perder de vista el trato digno que debe recibir toda persona migrante, en especial menores, mujeres embarazadas y personas en condición de vulnerabilidad.
La presión migratoria no se resuelve únicamente con vigilancia militar. También exige planificación social, coordinación diplomática y apoyo internacional para evitar que hospitales, escuelas, mercados y servicios locales de la frontera queden sobrepasados, según han destacado expertos.
Una presión regional que exige coordinación preventiva
Por la cercanía geográfica, la crisis haitiana y la posibilidad de nuevos movimientos hacia la frontera, República Dominicana queda directamente expuesta a una presión que combina migración, seguridad y gestión humanitaria.
Si no hay una coordinación efectiva entre Migración, las Fuerzas Armadas, Cancillería, los organismos de inteligencia y las entidades humanitarias, el país podría enfrentar más presión migratoria, tensiones sociales, riesgos de seguridad y cuestionamientos por derechos humanos.
El desafío, por tanto, no será solo cerrar pasos irregulares. Se anticipará una crisis regional marcada por deportaciones, debilidad institucional en Haití y redes criminales activas. Para República Dominicana, la respuesta tendrá que combinar firmeza, planificación y sentido humanitario antes de que la presión migratoria supere la capacidad ordinaria del Estado.
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