El abogado Valentín Medrano, representante legal del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, cuestionó la actuación del Ministerio Público en el proceso que involucra a su defendido. Sostuvo que, hasta el momento, existe “una sola versión” de los hechos: la del órgano acusador.
Medrano indicó que la defensa aún debe conocer en detalle la solicitud presentada por el Ministerio Público, en cumplimiento del debido proceso. Asimismo, sugirió que el caso podría responder a una “bifurcación” o estrategia institucional cuyo propósito, según dijo, no está del todo claro.
El jurista afirmó que le sorprendió el manejo del expediente y consideró desproporcionada la magnitud del proceso frente a lo que, a su juicio, sería una infracción de menor gravedad.
“Estamos hablando de un presunto acto que, en el peor de los casos, conllevaría una pena de hasta seis meses”, sostuvo, al referirse a la posible calificación jurídica de los hechos.
También cuestionó la legalidad del arresto por flagrante delito. Argumentó que, si existía una investigación en curso, las autoridades debieron gestionar previamente órdenes judiciales de arresto.
“Nunca, en una investigación ya iniciada, hay arresto en flagrante delito. Si usted está investigando, ¿Cómo no se provee de una orden de arresto?”, planteó Medrano, al sugerir posibles irregularidades procesales.
El abogado insistió en que la flagrancia aplica únicamente cuando una persona es sorprendida en el momento de cometer el hecho, y no cuando existe una investigación previa en desarrollo.
Pruebas irrefutables
El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que el Ministerio Público cuenta con evidencias “irrefutables” en el proceso que se sigue contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, y defendió la independencia de la institución en la persecución de la corrupción.
“Nosotros tenemos la suficiente inteligencia para no ir en contra de nuestro propio proceso”, expresó Camacho, al asegurar que las actuaciones del órgano acusador están debidamente sustentadas.
Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público tiene la “entereza” para investigar y perseguir los actos de corrupción, sin importar quién los haya cometido, y reiteró el compromiso institucional con la legalidad.
En cuanto al proceso judicial, la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra Valdez Alcántara fue aplazada, a solicitud de la defensa, para estudiar el expediente.
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