Más pobreza tras despojo de nacionalidad de dominicanos descendientes de migrantes

Este 23 de septiembre se cumplieron doce años de la Sentencia TC 168-13 que despojó a miles de dominicanos descendientes de migrantes del pleno reconocimiento de su nacionalidad, lapso que registra una profundización de la desigualdad y la pobreza en la República Dominicana, sostuvo la Plataforma Dominican@s por Derecho (DxD).

Las organizaciones aglutinadas en DxD entienden que la medida emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de septiembre de 2013 ha profundizado una brecha que, "a pesar de las promesas, la actual gestión de gobierno no ha logrado reducir en ningún aspecto", manifestaron en un comunicado de prensa.

"La persistencia de  esquemas obsoletos y discriminatorios en la administración pública, basados en el origen y condición social de los dominicanos, niega oportunidades de progreso a las personas, sus familias y comunidades y crea no solo ciudadanos, sino provincias de segunda categoría, donde la solución a los problemas no llega", sostiene el comunicado.

Los datos de pobreza monetaria que recogen los boletines e informes del antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) respaldan esta afirmación, mostrando que las provincias con mayor número de afectados por la sentencia figuran consistentemente entre las más pobres del país.

Factores como el desempleo, la falta de servicios básicos y el bajo nivel educativo son más pronunciados en estas zonas, generando capas de vulnerabilidad para estas personas.

“La falta de una cédula de identidad, principal instrumento de reconocimiento civil, es la base de una extensa cadena de exclusión. Sin este documento, los afectados no pueden acceder a empleos formales, afiliarse al Sistema Dominicano de Seguridad Social, abrir cuentas bancarias o recibir atención médica de calidad, limitando así su desarrollo personal y el de sus comunidades”, expresan en el comunicado.

Denunció además que desde el año pasado "se han intensificado los operativos de detención, creando un clima de incertidumbre y amenaza constante", acciones que "a menudo se basan en el perfil racial que ponen en riesgo a dominicanos que cuentan con sus documentos de identidad, obligándolos a pasar por engorrosos procesos de depuración".

Consideran que aunque la Ley 169-14 buscó responder a la Sentencia del Tribunal Constitucional, miles de dominicanos siguen afectados por la parálisis administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio Interior y Policía (MIP).

"La negligencia y burocracia de estas instituciones obstaculizan la integración plena de estas personas a la sociedad", remarcan en el documento.

“Un caso particularmente preocupante es el de los 8,000 dominicanos que, habiendo agotado el proceso ante el MIP hace 10 años, aún esperan la entrega de su documentación definitiva. La demora no solo frustra a los ciudadanos, sino que también desvaloriza la inversión pública, se da vueltas a un problema solucionable", indicó la organización.

La plataforma Dominican@s por Derecho hace un llamado urgente al gobierno a implementar políticas genuinas de inclusión y a cumplir con los compromisos pendientes.

"La lucha contra la exclusión documental es, en esencia, la lucha contra la pobreza y la inequidad. Es imperativo que el Estado dominicano cierre este círculo de exclusión y abra un camino real hacia la integración, garantizando los derechos plenos y el acceso efectivo a la ciudadanía para todos sus habitantes", demandaron.