Casi 600 millones de pesos del presupuesto del Ministerio de la Mujer quedaron sin utilizar entre 2021 y 2024, según una auditoría de la Contraloría General de la República. La cifra, situada en 598 millones 480 mil 837 pesos, pone en cuestión la planificación y el seguimiento del gasto institucional. El informe recomienda comparar las metas físicas y financieras y justificar las desviaciones; el monto corresponde a disponibilidad presupuestaria no ejecutada.
Además, la auditoría señaló fraccionamiento en dos grupos de compras, recibos sin firmas, deficiencias en conciliaciones bancarias y falta de documentos sobre inventarios y capacitación del personal. También encontró diferencias en los registros de vehículos, bienes sin código y nóminas no publicadas.
El informe de auditoría, fechado el 28 de julio de 2026, examinó inicialmente el período del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, con una extensión a 2024. Además de las observaciones sobre contrataciones, describe debilidades en la ejecución presupuestaria, los soportes de tesorería, el control de inventarios y activos, y la documentación de recursos humanos.
Durante el período fiscalizado, del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2024, el Ministerio de la Mujer estuvo encabezado por Mayra Jiménez. Su gestión comenzó el 16 de agosto de 2020 y se extendió hasta enero de 2026.
Presupuesto sin ejecutar
En materia presupuestaria, la auditoría examinó el período de 2021 a 2024. La Contraloría reportó 598 millones 480 mil 837 pesos subutilizados. De ese total, 374 millones 434 mil 801 pesos correspondían a presupuesto por programar. Otros 224 millones 46 mil 36 pesos correspondían a presupuesto programado no ejecutado.
El monto corresponde a la disponibilidad presupuestaria no ejecutada: recursos del presupuesto que no se utilizaron. El informe también aclara que no representa una transferencia líquida de efectivo a la cuenta única del tesoro. Recomienda dar seguimiento periódico a las metas físicas y financieras y justificar las desviaciones.
El informe presenta las cifras por partida redondeadas a pesos enteros. La mayor subejecución correspondió a contratación de servicios, con 251 millones 372 mil 681 pesos. La partida de bienes muebles, inmuebles e intangibles le siguió con 206 millones 414 mil 967 pesos. En obras se consignaron 67 millones 124 mil 185 pesos. Estos importes corresponden a presupuesto no ejecutado, según el informe.
Compras divididas que requerían otro procedimiento
Además de la subutilización presupuestaria, el informe aborda las compras y contrataciones. La auditoría reporta 3,002 procesos de compras y contrataciones, por aproximadamente 1,163 millones 800 mil 606 pesos. La observación de fraccionamiento se limita a los grupos identificados y no se extiende a todos los procedimientos.
Los procesos de excepción concentraron el mayor monto: 303 millones 175 mil 532 pesos en 208 procesos. Les siguieron las comparaciones de precios, con 259 millones 331 mil 70 en 127 procesos, y las compras menores, con 234 millones 880 mil 558 en 602 procesos. Las compras por debajo del umbral fueron las más numerosas: 2.027 procesos, por 200 millones 129 mil 252. Las licitaciones públicas nacionales sumaron 166 millones 284 mil 194 en 38 procesos. El informe registra 3.002 procesos de compras y 2.962 contratos.
El primer grupo señalado comprende seis procesos realizados entre febrero y marzo de 2022. Las adjudicaciones acumularon 863 mil 442 pesos y, de acuerdo con los auditores, debieron agruparse bajo la modalidad de compras menores.
Por su parte, el segundo grupo comprende cuatro procesos por 510 mil pesos. Según la Contraloría, ese monto acumulado también exigía un único procedimiento de compras menores. El informe sitúa las adquisiciones en 2022 y menciona julio, pero omite el otro mes de la referencia temporal; por ello, el documento no permite precisar el intervalo completo.
Los dos grupos señalados reúnen diez procesos. Sus montos, 863 mil 442 pesos y 510 mil, suman 1 millón 373 mil 442 pesos. Este total resulta de sumar los dos importes consignados por la Contraloría; el informe no lo presenta como un total conjunto.
Para sustentar la observación, el informe cita el artículo 10 de la Ley 340-06 y el artículo 59 del Decreto 543-12, relativos al fraccionamiento para eludir procedimientos de selección y a las convocatorias de un mismo rubro en un lapso menor de tres meses. La auditoría recomienda agrupar las necesidades institucionales en el plan anual de compras, reforzar la planificación y capacitar a los responsables de las contrataciones.
Observaciones en tesorería
En tesorería, el informe también identificó observaciones sobre los documentos de respaldo. En caja chica, los auditores observaron recibos definitivos sin firmas en el Centro Anibel González y la Casa de Emergencia Modelo III, por 97 mil 944 pesos.
La revisión de conciliaciones bancarias identificó tres tipos de deficiencias: 17 expedientes con firmas que no precisaban quién preparó, revisó o aprobó los documentos; cuatro conciliaciones de la cuenta de Casas de Acogida sin estados bancarios anexos; e inconsistencias entre balances bancarios y registros contables. Para estas últimas, el informe menciona diferencias de 45 mil 823 pesos y 41 mil 101 pesos en abril y septiembre de 2022, además de otra diferencia cuyo importe presenta un formato ambiguo en el texto disponible.
Tras evaluar los alegatos del Ministerio y la documentación suministrada, la Contraloría consideró subsanados posteriormente los tres hallazgos sobre conciliaciones bancarias. En anticipos financieros no se identificaron inobservancias en la muestra auditada.
Debilidades en almacén e inventarios
En cuanto al almacén y los suministros, la auditoría identificó dos deficiencias distintas. El manual no contemplaba procesos y lineamientos específicos para el resguardo, la clasificación, el almacenamiento, el conteo físico y el monitoreo de los productos, conforme a las normas citadas en el informe. Por otra parte, faltaba un formulario oficial de recepción de bienes, consecutivamente prenumerado y firmado y sellado por el responsable.
La Contraloría también declaró subsanado posteriormente el hallazgo sobre el formulario de entrada de almacén, tras aceptar los alegatos y documentos del Ministerio.
Los auditores indicaron, además, que no encontraron evidencia que sustentara la realización de inventarios físicos de materiales y suministros en 2022, 2023 y 2024. El informe cita normas que exigen al menos dos tomas físicas por período fiscal y la comparación de las existencias con los registros auxiliares y contables.
Otra observación fue la subutilización del sistema de almacén: no se empleaban las funciones de monto, precio y fecha. Las recomendaciones incluyen actualizar los procedimientos, documentar los conteos, utilizar las funciones disponibles del sistema y efectuar revisiones periódicas.
Vehículos con registros distintos y activos sin código
Por otro lado, la auditoría señaló que el Ministerio no realizaba inventarios semestrales de bienes muebles e inmuebles durante el período examinado. Como respaldo, el informe reproduce una comunicación del área de activos fijos en la que se reconoce que esas tomas físicas no se hacían.
La auditoría encontró diferencias entre los registros de vehículos. El auxiliar institucional consignaba 128; el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB), 51 automóviles y camiones; y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 54 vehículos.
Asimismo, se identificaron bienes presentes en los inventarios físicos que no estaban debidamente cargados o actualizados en el SIAB, así como 305 activos sin código institucional. La Contraloría recomienda conciliar el inventario físico con el sistema, regularizar las altas y bajas, gestionar los registros y descargos de vehículos y reforzar la identificación patrimonial de los bienes.
Sobre la actualización del SIAB, el informe cita una comunicación del 13 de mayo de 2025, en la que el Ministerio anunció que actualizaría el sistema durante un proceso de descargo de bienes. El texto disponible no certifica que esa actualización haya concluido.
Expedientes de personal y nóminas sin publicar
En recursos humanos, la revisión identificó dos carencias documentales: faltaba la certificación de conocimiento del Código de Ética en 37 expedientes y no había evidencia de capacitación recibida en el último año en 33. Los resultados corresponden a la muestra examinada.
El informe identificó 48 nóminas no publicadas debidamente en el portal de transparencia, por 11 millones 822 mil 39 pesos: cuatro de 2021, once de 2022, catorce de 2023 y diecinueve de 2024. Para este hallazgo, se recomienda comparar los documentos de nómina con la información publicada. La actualización de los expedientes de capacitación corresponde, en cambio, a las carencias documentales de personal descritas anteriormente.
En cuentas por pagar, la Contraloría reportó obligaciones por 65 millones 431 mil 984 pesos al 31 de diciembre de 2024, pero no identificó inobservancias en la muestra auditada.
Alcance, limitaciones y estado de los hallazgos
Respecto al alcance del examen, la auditoría dejó constancia de que no fue entregado el listado de contratos y acuerdos del período del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2024, solicitado con datos como fecha, RNC, beneficiario, moneda, monto, concepto y tipo de contrato.
El listado fue requerido mediante comunicaciones del 8 de noviembre de 2024 y del 25 de julio de 2025.
El documento también reporta una calificación integral del sistema de control interno de 93.72%, considerada satisfactoria, para el segundo trimestre de 2025. La calificación corresponde al segundo trimestre de 2025, mientras que las operaciones auditadas abarcan el período de 2021 a 2024.
La Contraloría declaró subsanados los tres hallazgos sobre conciliaciones bancarias y el relativo al formulario de entrada de almacén. El texto disponible no contiene una declaración de subsanación para los demás hallazgos.
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