El Tribunal Constitucional homologó la solicitud de desestimiento sobre el conflicto de competencia en contra del Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) depositado por las autoridades anteriores de la Cámara de Cuentas.
La instancia de desistimiento había sido depositada por la actual gestión de la Cámara de Cuentas, que encabeza Janel Andrés Ramírez Sánchez, el pasado cinco de agosto.
El conflicto se originó a raíz del allanamiento realizado en febrero pasado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a la Cámara de Cuentas.
Los pasados miembros de la entidad alegan que ni el Ministerio Público ni la SCJ tienen facultad constitucional para realizar el allanamiento.
A consideración de los demandantes, en el proceso “se violentó la potestad de autogobierno, organización, planificación y ejecución de las auditorias e investigaciones especiales que corresponden a la Cámara de Cuentas, y por tanto, invadieron su competencia”.
Sin embargo, además de desestimar la instancia, el Tribunal Constitucional ordenó el archivo definitivo del caso.