SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los salientes miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) acusaron a la Procuraduría General de la República de desacato, respecto a la instancia que busca la nulidad de la orden de allanamiento realizada a ese organismo el pasado 22 de febrero.
Al respecto, el actual pleno de la CCRD afirma: “habría sido oportuno cuestionar a la propia magistrada Germán (procuradora) si el desacato en que ha incurrido la Procuraduría General de la República respecto a dos sentencias que han adquirido firmeza, dictadas por la Jueza de Instrucción Especial, María Garabito, no constituye un comportamiento ilícito por parte de ese órgano público”.
A través de un espacio pagado en el periódico Diario Libre, este miércoles 14 de abril, los actuales titulares de la Cámara de Cuentas dice que la procuradora Miriam Germán Brito también reprocha a ese órgano hacer uso de las vías de derecho que la Constitución y las leyes ponen a disposición de los ciudadanos y los entes públicos al cuestionar la interposición de un conflicto de Competencia ante el Tribunal Constitucional.
Recoerdaron que se apoderó la instancia correspondiente para la preservación de la delimitación de la competencia de los poderes y órganos consagrados en la norma sustantiva (Constitución de la República).
"Sobre este particular debemos puntualizar que esta Cámara de Cuentas es el órgano extrapoder con autonomía constitucional encargado del control externo de los recursos públicos, y las exclusivas funciones que el constituyente ha reservado como competencias propias no pueden ni deben ser invadidas por ningún otro órgano o ente del Estado. Como pusimos en conocimiento del Tribunal Constitucional y así lo demuestran las pruebas aportadas, el Ministerio Público, a través de reiteradas comunicaciones y bajo amenaza de sometimiento judicial, requirió a esta Cámara practicar auditorías financieras y/o de gestión, e investigaciones especiales”, expresa.
En el comunicado, la Cámara de Cuentas afirma que la Procuraduría no tiene facultad constitucional, legal ni reglamentaria para apremiar a la Cámara de Cuentas a practicar control externo. “Toda vez que la pertinencia de la realización de auditorias financieras o de gestión cae dentro de la esfera de nuestra autonomía funcional como órgano extrapoder”.
El pleno, integrado por Hugo Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noe Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán Rincón, Félix Álvarez Rivera, además, acusa a la Procuraduría de rebasar los límites de sus atribuciones e invadir las facultades del Congreso Nacional, “y vació de contenido la autonomía constitucional de la Cámara de Cuentas”.
El pasado día 8 de abril, el Ministerio Público solicitó a la jueza Garabito rechazar la instancia que busca la nulidad de la orden de allanamiento.
En tal sentido, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó declarar inadmisible el pedimento de los abogados de los miembros del órgano fiscalizador del Estado, doctores Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Danae Mercado, al señalar que la autorización del tribunal para allanar ese órgano fue notificada a su presidente Hugo Francisco Álvarez Pérez, tal como establece el artículo 182 del Código Procesal Penal.