El Tribunal Colegiado de Montecristi impuso penas de 15 y 10 años de prisión a miembros activos del Ejército de la República Dominicana (ERD) y a civiles procesados en el Caso Frontera como parte de una red que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes provenientes del vecino Haití.
En ese orden, los condenados a 15 años de prisión son Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno, quienes utilizaron su investidura militar para facilitar y permitir el paso irregular de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano por la frontera norte, entre las provincias Dajabón y Montecristi.
Igualmente, a los organizadores y colaboradores civiles Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, quines fueron sentenciados a 10 años de prisión por violar la ley y la dignidad humana en su rol protagónico como organizadores del cruce ilegal de migrantes.
Asimismo, el Tribunal impuso una condena de 10 años de prisión a Edna Josep, de nacionalidad haitiana y responsable de alojar y ocultar a los migrantes en el país.
También condenó a cinco años de prisión a los transportistas Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez, Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez y Anelsy Escarlex Cordero Núñez, vinculados a la logística de movilización de los migrantes.
La titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán Álvarez indicó que pese a alegar circunstancias atenuantes, su falta de arrepentimiento y su alto grado de participación en los hechos pesaron considerablemente en la decisión judicial.
Además, destacó que en el Caso Frontera el Ministerio Público logró un fallo que se corresponde con las graves violaciones a los deberes constitucionales.
Junto a Bejarán Álvarez representaron al Ministerio Público en el caso la fiscal de Montecristi Grimaldi Oviedo y la fiscal Yohanny Herrera, quienes contribuyeron a la presentación de un expediente, sustentado con pruebas contundentes, con las que quedó demostrada la responsabilidad penal de los procesados.
Al fundamentar su decisión, los jueces Mercedes María Reyes Jerez (presidenta), Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge, expresaron que los militares implicados en el caso cometieron un acto de corrupción institucional, el cual representa “una afrenta inaceptable al deber sagrado de resguardar la frontera y al compromiso patriótico que exige el uniforme militar”.
El Caso Frontera fue el resultado de una labor de inteligencia e investigación coordinada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Montecristi.
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