El caso del colapso del techo del centro nocturno Jet Set ha generado posiciones encontradas entre los actores jurídicos que intervienen en el proceso.
La abogada Ingrid Hidalgo, representante legal de la esposa del exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel, solicitó al tribunal la imposición de una garantía económica de 300 millones de pesos en efectivo, así como impedimento de salida del país contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento colapsado.
Hidalgo explicó que estas medidas buscan garantizar que, en caso de una sentencia favorable, existan fondos disponibles para compensar a los afectados por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril.
Por su parte, Plutarco Jáquez, quien representa a un grupo de víctimas, declaró que Antonio Espaillat actuó con “torpeza y negligencia”, al mantener en funcionamiento la discoteca pese a estar al tanto de las precarias condiciones estructurales del inmueble.
En la misma línea, Luis Alcántara, abogado del percusionista Oquil Medrano, integrante de la orquesta de Rubby Pérez, expresó su respaldo a la imposición de prisión preventiva contra los hermanos Espaillat, señalando que está listo para conocer la audiencia.
Por parte de la defensa de los Espaillat, el abogado Miguel Valerio indicó que están listos para conocer la vista y que no solicitarán aplazamiento. Respecto al estado de salud de Maribel Espaillat, señaló que su participación depende de lo que determine la Procuraduría General de la República, aunque aseguró que estará presente este miércoles.
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) entregó un informe preliminar a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en el que se establece que el colapso del techo fue causado por un exceso de carga que superó la capacidad estructural del edificio.
El documento atribuye el derrumbe a la gran cantidad de personas presentes durante una actividad artística.
La audiencia de solicitud de medida de coerción contra los imputados está pautada para este miércoles. El Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de incurrir en negligencia grave en la administración del establecimiento.
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