Comunitarios de Cotuí y la empresa Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo definitivo para resolver los temas pendientes del reasentamiento vinculado a la expansión de la mina Pueblo Viejo, en Sánchez Ramírez.
La firma del acuerdo se logró tras varias reuniones con la mediación del Gobierno dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el acompañamiento de la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo.
El proyecto de reasentamiento contempla una inversión que supera los RD$ 20 mil millones, incluyendo la provisión de viviendas dignas y el acceso a servicios básicos esenciales.
Las familias reasentadas recibirán además infraestructura comunitaria, como canchas, escuelas, centros de salud y vías de acceso, de acuerdo con los resultados de un censo previo.
El acuerdo también establece una matriz de compensación para cultivos y tierras, incluyendo nuevos valores de reposición para 80 cultivos y 6 árboles forestales.
Desde su diseño, el plan de reasentamiento incluyó acompañamiento psicosocial a los hogares afectados por profesionales de la salud mental.
Se implementarán programas de generación de ingresos, educación financiera y reducción del analfabetismo, así como acciones de convivencia comunitaria.
En materia educativa, se proyecta la construcción de un politécnico, una Unidad de Atención Primaria, un destacamento policial, un mercado y un cementerio municipal.
El Estado también asumirá el mejoramiento del tramo Cotuí-Nuevos Horizontes y la apertura de una estancia infantil en la nueva comunidad.
El ministro Joel Santos destacó que este acuerdo marca “un paso trascendental hacia una minería inclusiva y respetuosa de los derechos comunitarios”.
Santos valoró la mediación de la Iglesia y el Defensor del Pueblo como claves para lograr un acuerdo basado en el diálogo y la responsabilidad social.
El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, calificó el proceso como “evolutivo” y comprometido con el respeto de los derechos de las comunidades.
La presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, resaltó que el plan se elaboró sobre la base de la participación continua y el respeto a la normativa del IFC.
El representante comunitario, Martín Guzmán, expresó que el acuerdo representa “lo mejor que se ha podido lograr” tras un largo proceso de negociación.
El acuerdo contó con el respaldo del presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el alcalde de Bonao, Eberto Antonio Núñez; y Rolando Muñoz, del MEM.
Todas las partes valoraron la colaboración, la apertura y la transparencia que permitieron concretar este acuerdo considerado equilibrado y constructivo.
Con este consenso, se habilita el camino para avanzar con la expansión de la mina y su contribución al desarrollo de República Dominicana.
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