La Compañía de Jesús en República Dominicana expresó su preocupación por las medidas migratorias anunciadas el 2 de octubre de 2024 por el presidente Luis Abinader, mediante la cual el país contempla la expulsión semanal de 10,000 personas en situación migratoria irregular.
Según la organización, esto ha derivado en una política “violenta” dirigida principalmente contra personas de origen haitiano.
La organización advirtió que, meses después, el rumbo de estas acciones plantea dudas sobre su compatibilidad con los principios de justicia y humanidad que deben guiar a cualquier nación.
Señaló que esta política, basada en la repatriación masiva, entra en conflicto con las normas internacionales de derechos humanos y con una gestión migratoria sostenible.
Recordó que el país está comprometido con el cumplimiento de tratados que garantizan el debido proceso, la no separación de familias y la protección de personas vulnerables, como menores y mujeres embarazadas.
Además, denunció reportes de abusos como detenciones arbitrarias de dominicanos de piel oscura, tratos indignos y violaciones al debido proceso.
Estos hechos, afirmó, “deshonran nuestros principios como nación” y fomentan un ambiente de temor que afecta a la sociedad y a sectores clave de la economía.
Aunque critica el tono del informe de Vatican News que menciona “tortura”, insistió en que la manera en que se aplican estas medidas proyecta una imagen negativa del país a nivel internacional.
Frente a este panorama, la Compañía de Jesús abogó por una política migratoria integral, con una visión de Estado a mediano y largo plazo.
Propuso como eje central un proceso de regularización transparente y justo para migrantes que contribuyen al desarrollo, especialmente en sectores como el agropecuario y la construcción.
La institución retomó las palabras del papa Francisco sobre la inaceptable deshumanización de los migrantes y el imperativo cristiano de defender su dignidad.
En este contexto, destacó las propuestas del director del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano, como base para un diálogo nacional.
Entre estas sugerencias figuran un control fronterizo efectivo con enfoque humano, la persecución de traficantes de personas, la documentación laboral de migrantes y la modernización institucional del sistema migratorio.
La entidad instó al Estado, la sociedad civil, el empresariado y los partidos políticos a participar en un diálogo abierto dentro del marco del Consejo Económico y Social.
También llamó a escuchar a expertos de la academia, la pastoral social y los derechos humanos en la construcción de una política migratoria justa.
Finalmente, hizo eco del llamado del Centro Montalvo a detener de inmediato las deportaciones masivas y aplicar un enfoque diferenciado, basado en una cultura de hospitalidad.
Concluyó que la justicia, la solidaridad y la dignidad humana deben ser los pilares de la convivencia nacional en el tratamiento de la migración.
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