La auditoría practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) coloca bajo examen no solo el volumen de recursos manejados en 2020, sino la forma en que la institución documentó, controló y justificó su ejecución presupuestaria durante un año marcado por la crisis sanitaria del Covid-19.
El informe definitivo de la Cámara de Cuentas emitió una opinión con salvedad sobre los estados de ejecución presupuestaria del COE correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, durante la gestión del general retirado Juan Manuel Méndez García.
Ese tipo de opinión no equivale a rechazar por completo las cuentas auditadas, pero sí advierte que existen aspectos relevantes que impiden considerarlas plenamente libres de observaciones. En este caso, las salvedades se relacionan con expedientes incompletos, errores en retenciones, pagos de nómina y debilidades en el control interno.
Ingresos bajo examen
Los ingresos registrados por el COE durante el período auditado ascendieron a RD$166,242,188. De ese total, RD$89,829,838 provinieron de aportes del Gobierno Central y RD$76,412,350 correspondieron a donaciones por transferencias, según la relación incluida en el informe de auditoría.
La composición de esos ingresos muestra una dependencia principal del presupuesto público, aunque con una participación significativa de donaciones. La relación entre ambos componentes indica que las transferencias gubernamentales fueron la mayor fuente de financiamiento, mientras las donaciones representaron una parte sustancial de los fondos administrados.
Además, el documento señala que el COE recibió donaciones en efectivo por RD$12,500,000, depositadas en una cuenta del Banco de Reservas y ejecutadas mediante cheques para el manejo de la pandemia. La Cámara de Cuentas observó que esas donaciones fueron depositadas en una cuenta operativa en lugar de la Cuenta Única del Tesoro.
Ejecución presupuestaria y superávit
En materia de gastos, la institución ejecutó RD$160,539,403 de un presupuesto modificado de RD$166,242,188. La diferencia fue un superávit de RD$5,702,785, cifra que muestra que no se consumió la totalidad de los recursos disponibles durante el período auditado.
Sin embargo, el dato del superávit no elimina las inquietudes señaladas por los auditores. La transparencia no se mide únicamente por gastar menos que lo presupuestado, sino por la capacidad de demostrar con documentos completos, procesos regulares y controles verificables cómo se administró cada partida.
El peso de materiales y suministros
La comparación por rubros revela una concentración marcada en materiales y suministros, que alcanzaron RD$99,584,876. Esa partida superó ampliamente a los servicios personales, que sumaron RD$55,284,107, y dejó muy por debajo los servicios no personales, con RD$5,321,849.
En otras palabras, los materiales y suministros absorbieron la mayor parte de la ejecución presupuestaria. Este rubro fue casi el doble de los servicios personales y muy superior al gasto en servicios no personales, lo que convierte sus expedientes de compra en un punto crítico para evaluar la transparencia institucional.
Dentro de materiales y suministros, el mayor monto correspondió a productos y útiles varios, con RD$46,838,706. Le siguieron prendas de vestir, con RD$28,797,368, y alimentos y bebidas para personas, con RD$9,474,849.
Sobre las raciones alimentarias, el encargado de Contabilidad, Cornelio Pérez, explicó en una comunicación del 15 de abril de 2025 que esos pagos se procesaban mediante el sistema de Recursos Humanos y Nómina de la Contraloría, con generación de archivo TXT, carga en SIGEF, certificación, devengado, libramiento y posterior revisión por la plataforma SUGEP.
La magnitud de esas partidas obliga a observar no solo el monto, sino la calidad del soporte documental. Cuando los gastos se concentran en compras de bienes, la trazabilidad de cotizaciones, adjudicaciones, garantías, evaluaciones y recepción de artículos se vuelve indispensable para descartar discrecionalidad o debilidades administrativas.
Compras públicas y trazabilidad documental
La propia auditoría identifica fallas en compras y contrataciones: documentación archivada de forma segregada, incorrecta composición del Comité de Compras y Contrataciones, ausencia de actas de designación de peritos, informes de evaluación sin motivación suficiente y expedientes sin documentos esenciales.
En una comunicación del 24 de julio de 2026, el director ejecutivo del COE, Juan Manuel Méndez García, informó a la Cámara de Cuentas que el hallazgo sobre la composición del Comité de Compras y Contrataciones fue subsanado. Según la respuesta institucional, el comité fue reconformado con los cinco miembros establecidos por la normativa vigente de contrataciones públicas.
La entidad explicó que la condición observada consistía en la inclusión de dos integrantes ajenos a la composición legal del comité y que esa situación fue advertida y corregida durante la fase de auditoría. De acuerdo con el COE, la reconformación busca asegurar la legalidad de los procesos de compras y evitar la participación de miembros no previstos por la norma.
También se reportaron procedimientos de urgencia cancelados después de la adjudicación o luego de la recepción de bienes, así como actos administrativos de cancelación carentes de motivación. Estos hallazgos reducen la claridad sobre decisiones que, por tratarse de recursos públicos, debieron quedar suficientemente sustentadas.
Otro punto sensible señalado por la Cámara de Cuentas fue la adjudicación a proveedores con la misma composición accionaria. Esa coincidencia societaria eleva el nivel de vigilancia sobre la competencia real entre oferentes y sobre la necesidad de que los procesos de contratación estén respaldados por criterios claros, verificables y libres de posibles conflictos de interés.
Nómina, seguridad social y retenciones bajo lupa
En el área de personal, el informe consigna RD$55,284,107 ejecutados en servicios personales. Dentro de ese monto figuran sueldo de personal fijo por RD$20,755,607, personal igualado por RD$8,628,770, compensación por servicios de seguridad por RD$12,493,890 e incentivo por labor humanitaria por RD$3,555,000.
Pero la auditoría también observó nóminas pagadas de manera incorrecta, empleados sin beneficio de seguridad social y aportes patronales dejados de pagar. A esto se suma la aplicación errónea de retenciones del ISR al personal temporal, según las salvedades descritas en el dictamen.
En su respuesta institucional, remitida el 24 de julio de 2026, el director ejecutivo del COE, Juan Manuel Méndez García, reconoció que parte del personal mantenía una relación de dependencia pese a haber sido tratado como contratado al 10 %. Según la entidad, esa clasificación obedeció a una interpretación de buena fe y fue corregida posteriormente mediante la migración a la nómina temporal, la afiliación al Sistema Dominicano de Seguridad Social y el pago de los aportes correspondientes.
Los servicios no personales, aunque representaron un monto menor, también forman parte del mapa de ejecución. En ese renglón se reportaron RD$3,829,364 en servicios básicos, RD$751,433 en seguros, RD$465,469 en alquiler y renta, RD$137,706 en publicidad y propaganda, y RD$137,877 en servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales.
El capítulo de bienes muebles, inmuebles e intangibles fue el de menor ejecución, con RD$348,571, compuesto por RD$297,831 en equipo médico y de laboratorio y RD$50,740 en sistemas y equipos de climatización. Frente a los casi RD$100 millones en materiales y suministros, este renglón tuvo un peso marginal.
Control interno y riesgos administrativos
Las debilidades de control interno descritas por la Cámara de Cuentas amplían la lectura del caso: ausencia de segregación de funciones en contabilidad, conciliaciones bancarias sin evidencia de revisión, mobiliario y equipos sin póliza de seguro, vehículos no rotulados y expedientes de personal incompletos.
Sobre los expedientes de personal incompletos, la encargada de Recursos Humanos, Alina Guzmán Huma, admitió ante los auditores, en una comunicación del 25 de marzo de 2025, que la recolección de documentos del personal había sido inconsistente con el procedimiento establecido.
La funcionaria informó que la institución se comprometió a completar los expedientes de los empleados activos con documentos básicos como cédula, licencia de conducir, certificación de no antecedentes penales, foto 2 x 2, certificado médico y certificados de estudios. La admisión refuerza que la falla afectaba la capacidad del COE de demostrar con soportes completos la regularidad del vínculo laboral y el cumplimiento de requisitos mínimos.
El informe también advierte riesgos tecnológicos, como un sistema operativo sin soporte del fabricante, una configuración débil de contraseñas y la falta de un plan de contingencia y continuidad de la tecnología de la información. Aunque estos puntos no son gastos en sí mismos, inciden en la seguridad y confiabilidad de la gestión administrativa.
Transparencia más allá de las cifras
La conclusión que dejan los datos de la auditoría es que el COE ejecutó una parte significativa de su presupuesto en un contexto de emergencia, pero lo hizo bajo una estructura de control que la Cámara de Cuentas consideró insuficiente.
A partir de los hallazgos del ente fiscalizador, el caso del COE muestra que la transparencia no depende únicamente de publicar cifras o cerrar el año con superávit. Depende también de que los expedientes estén completos, las compras puedan ser reconstruidas, las nóminas cumplan la ley y los controles internos funcionen antes, durante y después del gasto público.
Lo que recomendó la Cámara de Cuentas
Como cierre del informe, la Cámara de Cuentas recomendó a la máxima autoridad del COE cumplir rigurosamente la legislación vigente, en especial la correcta aplicación del impuesto sobre la renta y el manejo de los recursos conforme a las normas de compras y contrataciones públicas. La recomendación apunta a corregir las debilidades detectadas en áreas sensibles como nómina, retenciones, adquisiciones y control documental.
El órgano fiscalizador también ordenó la elaboración de un Plan de Acción Correctivo en un plazo de 25 días hábiles a partir de la notificación del informe. Ese plan deberá adoptar medidas para fortalecer el control interno y atender las observaciones, conclusiones y recomendaciones del informe final, cuya aplicación será de cumplimiento obligatorio y podrá ser verificada por la propia Cámara de Cuentas y otras entidades competentes.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}