Colectivo de enfermeras rechaza presencia de agentes migratorios en hospitales

El Colectivo de Enfermeras alertó sobre el impacto que, a su juicio, están teniendo los operativos migratorios en los hospitales públicos del país, especialmente en la atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.

Francisca Peguero, vocera de la organización, afirmó que han registrado casos de mujeres haitianas y venezolanas que abandonan los centros de salud al percatarse de la presencia de agentes migratorios en las inmediaciones. Según explicó, esta situación las lleva a dar a luz en condiciones inseguras, con riesgos para su salud y la de sus hijos.

“En el hospital Marcelino Vélez tenemos casos de mujeres que han dado a luz en lugares muy inseguros y han fallecido por sangrado que no se pudo controlar. También hemos visto recién nacidos que quedan solos en nuestro centro”, indicó Peguero.

La enfermera agregó que algunas pacientes optan por acudir a centros privados pese a no contar con recursos para cubrir los costos. Asimismo, sostuvo que la presencia de agentes migratorios dentro de los hospitales genera presión sobre el personal de salud y afecta la atención a los pacientes.

“El hospital no es el lugar para instalar oficinas de migración. Nuestro trabajo es ofrecer una atención eficiente y humanizada a toda persona que llegue, sin discriminación”, expresó.

El colectivo pidió que se respete el carácter de los centros de salud como espacios destinados a la atención médica y que se evite la realización de controles migratorios en su interior.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la entrega de una petición respaldada por más de mil firmas, cuyos promotores advirtieron que la presencia de controles migratorios en hospitales puede desalentar la búsqueda de atención médica oportuna entre personas que temen ser detenidas o deportadas.

Los organizadores señalaron que las medidas afectan de manera particular a mujeres embarazadas, madres recientes, niños y personas en situación de vulnerabilidad. También expresaron preocupación por las posibles consecuencias para dominicanos de ascendencia haitiana y otros grupos que podrían ser objeto de discriminación o perfilamiento racial.

La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos, el desarrollo comunitario, la promoción de la igualdad y la asistencia social. Los firmantes recordaron que la Constitución reconoce la salud como un derecho fundamental y sostuvieron que la política migratoria debe aplicarse sin comprometer el acceso a los servicios sanitarios.

El Colectivo Migración y Derechos Humanos exhortó al Gobierno a revisar el protocolo vigente, retirar la presencia de agentes migratorios de los hospitales y abrir un proceso de diálogo con organizaciones sociales, personal sanitario y especialistas en derechos humanos para buscar soluciones que concilien la gestión migratoria con la protección de la vida y la dignidad humana.