El Ministerio Público amplió la investigación sobre las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) con 37 allanamientos y el arresto de 28 personas en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, en una nueva fase denominada Operación Cobra 2.0-A.
La nueva información oficial agrega que en el despliegue participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales, mientras que la Dirección Nacional de Investigación (DNI) también intervino en las pesquisas bajo la dirección del Ministerio Público.
Durante los allanamientos fueron decomisados, según la Procuraduría General de la República, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes. La institución no detalla en el comunicado los montos de dinero ni identifica cuáles de los bienes incautados corresponden a cada uno de los nuevos arrestados.
El Ministerio Público sostiene que esta fase amplía la investigación iniciada con la Operación Cobra hacia exempleados de SeNaSa, médicos y otros actores vinculados a la prestación de servicios de salud, a quienes atribuye participación en maniobras que habrían permitido defraudar a la ARS estatal por miles de millones de pesos.
La descripción de la nueva fase también incorpora elementos sobre los mecanismos que, según los investigadores, habrían sido utilizados para distraer recursos. Entre ellos menciona sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico.
De acuerdo con el órgano acusador, el esquema habría involucrado a la dirección ejecutiva de SeNaSa, funcionarios de la institución y prestadores de servicios de salud. Estas afirmaciones forman parte de la investigación y deberán ser sustentadas por la Fiscalía ante los tribunales.
Investigación se extiende a otras estructuras del sector salud
El comunicado también vincula las pesquisas de SeNaSa con la Operación Onco14, iniciada en junio y dirigida contra una estructura investigada por presuntas maniobras fraudulentas en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), en Santiago.
En ese expediente fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien había ocupado la vicepresidencia y ejercido como auditora interna y externa del patronato.
El caso fue declarado complejo. Lora Cruceta y Guzmán fueron enviados a prisión, mientras Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario, según el Ministerio Público.
La Procuraduría sostiene que los investigados y las entidades Vargas Lora & Asociados, actualmente Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habrían utilizado distintos mecanismos para sustraer fondos.
Entre las maniobras investigadas aparecen el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
La investigación incluye además la presunta venta de medicamentos donados, contrabando mediante exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas. También se indagan el uso de habitaciones del oncológico para cirugías estéticas, gastos de representación y reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles.
A esto se suman, según el Ministerio Público, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que los investigados habrían sobornado a distribuidoras de medicamentos y creado la Fundación Tócate para distraer fondos y cobrar a SeNaSa por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Otro mecanismo señalado por los investigadores es la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que, según la acusación, no correspondían al personal de una entidad de este tipo.
Cobra continúa en los tribunales
Mientras se amplían las pesquisas con Cobra 2.0-A, el expediente original de la Operación Cobra continúa en fase preparatoria. Entre los principales imputados figuran el exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y otros procesados.
El Ministerio Público les atribuye, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La investigación original recibió a principios de septiembre una nueva prórroga hasta el 11 de diciembre de 2026 para que el Ministerio Público concluya las pesquisas y presente la acusación correspondiente.
Con Cobra 2.0-A, el Ministerio Público sostiene ahora que la investigación no se limita a quienes estuvieron dentro de la administración de SeNaSa, sino que alcanza a prestadores y otros actores externos relacionados con la facturación y prestación de servicios a la aseguradora estatal.
La Procuraduría aún deberá precisar ante los tribunales las imputaciones individuales contra los nuevos arrestados, así como el monto específico que atribuye a las operaciones investigadas en esta nueva fase. En las notas publicadas este viernes, esa información todavía no había sido divulgada oficialmente.
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