El Consejo Nacional de la Magistratura confirmó por un nuevo período de siete años a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia, luego de concluir el proceso de evaluación de desempeño de los magistrados cuyo período constitucional había vencido.

La decisión fue adoptada la noche de este martes, tras las deliberaciones del organismo, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución de la República, la Ley núm. 138-11 y el Reglamento núm. 2-25, que establece los criterios para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte.

Los magistrados confirmados son Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

Con esta decisión, el número de vacantes a cubrir en la Suprema Corte asciende a seis, debido a que dos plazas se agregan a las cuatro que ya estaban abiertas dentro del proceso de selección de nuevos integrantes del alto tribunal.

Proceso de selección sigue abierto

El CNM informó que continúa abierto el proceso de recepción de propuestas e inscripciones de candidaturas para ocupar las vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia.

Las personas interesadas en presentar candidaturas deberán hacerlo ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, ubicada en el edificio de la Suprema Corte de Justicia.

El plazo para la presentación de propuestas de candidaturas vence el 10 de septiembre, mientras que la inscripción de postulaciones estará abierta hasta el 15 de septiembre.

Justiniano Montero Montero

Justiniano Montero Montero es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cuenta con estudios de posgrado, entre ellos una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco, y una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Es juez de la Suprema Corte de Justicia desde abril de 2019 y actualmente preside la Primera Sala, especializada en materia civil y comercial.

En el ámbito institucional, representa al país ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y forma parte del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial. También ha participado en comisiones vinculadas a la modernización del sistema judicial, incluyendo la implementación de la Ley núm. 339-22, sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial.

Fran Euclides Soto Sánchez

Fran Euclides Soto Sánchez es doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Integra la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, luego de haberse desempeñado como fiscal de carrera desde el año 2009.

Desde 2022 preside la Comisión Ejecutiva de Tecnología del Poder Judicial y se desempeña como juez líder del Programa de Optimización del Proceso Penal, una iniciativa orientada a mejorar la eficiencia de esa jurisdicción.

También ha sido señalado como impulsor de la modificación del Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena, aprobado en 2025.

Samuel Amaury Arias Arzeno

Samuel Amaury Arias Arzeno es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y posee un máster internacional en Resolución de Conflictos por la Universitat Oberta de Catalunya.

Es juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia desde 2019. Además, cuenta con más de dos décadas de experiencia como docente universitario y fue director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

En materia de acceso a la justicia y resolución alternativa de conflictos, ha propuesto instrumentos como el Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos y la Guía para la Derivación de Casos Judiciales.

También presidió la Comisión Ejecutiva de Gestión Documental y la Comisión Interna del Poder Judicial para Datos Abiertos. Recientemente sustentó, con la máxima distinción, una tesis doctoral sobre acceso a la justicia civil de personas en condiciones de pobreza.

Anselmo Alejandro Bello Ferreras

Anselmo Alejandro Bello Ferreras es doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la carrera judicial, iniciada en julio de 2000 como juez de paz.

Al momento de su designación en la Suprema Corte de Justicia, en abril de 2019, se desempeñaba como juez presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.

Es docente, doctrinario y articulista, con amplia experiencia en materia civil e inmobiliaria. Además, posee maestrías en Relaciones Internacionales y estudios de posgrado en Metodología de la Investigación Avanzada por la Universidad Católica Santo Domingo.

Como juez de la Suprema Corte, integró la Comisión para el Censo del Poder Judicial y participó en iniciativas relacionadas con el manejo de redes sociales de jueces y la actualización del marco normativo de la jurisdicción inmobiliaria.

Rafael Vásquez Goico

Rafael Vásquez Goico es licenciado en Derecho por la Universidad Eugenio María de Hostos, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y autor de varias obras jurídicas.

Integra la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, especializada en tierras, laboral, contencioso tributario y contencioso administrativo.

Entre sus responsabilidades institucionales ha estado la coordinación del Plan de Descongestión de la jurisdicción contencioso-administrativa y tributaria.

También presidió la comisión encargada de modificar el Reglamento Disciplinario de los Jueces y participó en la elaboración de reglamentos vinculados a la suspensión de ejecución de sentencias recurridas en casación, recursos disciplinarios contra abogados y notarios, así como propuestas de modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la ley de casación.

Una renovación relevante para la Suprema Corte

La confirmación de cinco jueces y la apertura de seis vacantes marcan una etapa relevante para la composición de la Suprema Corte de Justicia, órgano clave para la administración judicial, la unificación de criterios jurisprudenciales y el conocimiento de recursos de casación.

El proceso de selección que continuará desarrollando el Consejo Nacional de la Magistratura será determinante para definir el nuevo equilibrio interno del alto tribunal y el rumbo institucional del Poder Judicial durante los próximos años.

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