Cinco de los diez arrestados en la Operación Lobo, que permitió desmantelar una supuesta estructura de corrupción administrativa de militares y civiles, admitieron las imputaciones y confirmaron la teoría del caso sobre la red de sobornos, informó este miércoles el Ministerio Público.
Según dijo a los medios el procurador adjunto Wilson Camacho, el que cinco de los diez imputados, "o sea, el 50 % de los imputados, haya admitido los hechos es una muestra de la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y de las razones que hemos aportado al tribunal para que acoja el pedimento del Ministerio Público e imponga a estos (los que confesaron) arresto domiciliario e imponga a los demás prisión preventiva".
"Estas cinco personas, primero, tuvieron la responsabilidad de admitir los hechos y de explicar ante el tribunal cuál fue el mecanismo utilizado para la recepción de esos sobornos, y con esto, además, confirman la teoría del caso del Ministerio Público en el proceso", añadió.
Calificó de irrefutables las pruebas presentadas al tribunal en el caso, las cuales incluyen documentación financiera precisa sobre cada transacción vinculada a los supuestos sobornos, unos hechos que habrían afectado a varias instituciones del Estado.
Cada peso que se pagó en soborno, agregó, está probado en el tribunal con los documentos contables aportados y "las transacciones financieras que se soportaron sobre esta distribución de sobornos".
El expediente confirma que todos los imputados tienen registrado el pago de sobornos, indicó el procurador adjunto, quien señaló que "las transferencias las hizo Quilvio Rodríguez desde su empresa directo a las cuentas de los encargados de seguridad de las instituciones".
"¿Cómo consiguió Quilvio las cuentas de estas personas? Se las facilitaron ellos en reuniones que se hicieron para coordinar la distribución de los sobornos, y esto es razón más que suficiente para que el tribunal imponga la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público", detalló.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se reservó el fallo y será este jueves cuando emita la decisión.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
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