A más de tres semanas de la promulgación de la Ley 16-26, que autoriza un proceso excepcional para revisar y eventualmente pagar deudas viejas a contratistas estatales, el Comité Institucional Codiano (CIC) denunció la falta de señales públicas claras sobre el inicio de su implementación.
La organización consideró legítima la preocupación existente entre pequeños y medianos contratistas que durante años han esperado una solución institucional a expedientes relacionados con obras ejecutadas y cuyos pagos permanecen pendientes.
Abinader promulgó ley para revisar pagos a contratistas
La Ley 16-26, promulgada por el presidente Luis Abinader, autoriza un proceso de revisión, depuración, validación y eventual pago de reclamaciones presentadas por contratistas del Estado por obras realizadas con o sin contrato formal.
La legislación contempla la creación de una comisión especializada encargada de evaluar técnicamente los expedientes, verificar la legitimidad de las reclamaciones y ordenar el proceso conforme a criterios de transparencia, legalidad y rigor institucional.
El tema tiene como antecedente el conocimiento en el Congreso Nacional de iniciativas relacionadas con el pago de deudas a empresarios y constructores por obras ejecutadas para el Estado. Una de ellas, propuesta por el senador Franklin Romero, fue observada por el presidente Luis Abinader tras detectarse cuestionamientos constitucionales en su contenido.
Piden claridad sobre comisión especializada
El vocero autorizado del CIC recordó que uno de los pilares fundamentales de la legislación fue precisamente la creación de una comisión especializada llamada a validar, depurar y ordenar técnicamente los expedientes.
Sin embargo, el ingeniero Miguel Liberato advirtió que cuando una ley genera expectativas legítimas y luego sobreviene un prolongado silencio administrativo, se abre inevitablemente un espacio para la incertidumbre, la especulación y la percepción de inmovilismo.
Contratistas envejecidos y años de espera
Liberato enfatizó que el problema no es únicamente administrativo ni financiero, sino profundamente humano, tras recordar que una parte importante de los potenciales acreedores está integrada por contratistas envejecidos, algunos septuagenarios, afectados por deterioro patrimonial, problemas de salud y prolongado desgaste familiar tras años de espera.
Igualmente, planteó la necesidad de que el país conozca si la comisión ya fue formalmente conformada, quiénes la integran, cuál será la metodología de trabajo, si se adoptará un reglamento operativo y qué cronograma orientará la recepción, saneamiento, validación y priorización de expedientes.
CIC pide ejecución transparente
El Comité Institucional Codiano recordó que la promulgación de la Ley 16-26 fue presentada como un acto de reconocimiento frente a una deuda histórica del Estado con sectores productivos vinculados a la ejecución de obras públicas.
No obstante, insistió en que toda legislación debe avanzar desde el simbolismo jurídico hacia una ejecución transparente, verificable y con resultados medibles.
Finalmente, el CIC sostuvo que el verdadero termómetro de credibilidad de la Ley 16-26 no será únicamente su existencia legal, sino la capacidad institucional de convertirla en un proceso claro, ordenado y capaz de ofrecer respuestas verificables a quienes durante años han esperado justicia administrativa.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}