La Cámara de Cuentas reveló en una auditoría que el Ministerio de Educación de la República Dominicana pagó RD$159,777,398 a 199 personas registradas como asesores durante los años 2019 y 2020, sin presentar documentos que acreditaran la aprobación del Ministerio de Administración Pública (MAP), ni constancias de asistencia o trabajos realizados.
Según el informe, la entidad educativa no presentó evidencias suficientes que acrediten que los cargos fueron autorizados conforme al procedimiento establecido. La falta de soporte llevó al órgano fiscalizador a mantener el señalamiento como una debilidad administrativa relevante.
El número de asesores se duplicó en 2020
De acuerdo con los datos de la auditoría, la nómina asociada a esos cargos ascendió a RD$49,301,165 en 2019 y a RD$110,476,233 en 2020, para un total de RD$159,777,398. Ese monto fue vinculado por el órgano fiscalizador a pagos efectuados a personas registradas como asesores, cuyos nombramiento fueron irregulares de acuerdo al informe.
Los beneficiarios figuraban en funciones de asesoría, una categoría que requiere controles especiales por estar asociada al acompañamiento técnico, estratégico o administrativo de funcionarios de alto nivel. No obstante, los auditores indicaron que en los expedientes revisados no encontraron documentos que certificaran la evaluación y aprobación del MAP para la creación o designación de esos puestos.
Como base legal, la Cámara de Cuentas citó la Ley 41-08 de Función Pública, que establece que la creación de cargos para asesoramiento especial o asistencia directa a funcionarios de alto nivel debe ser autorizada por el Ministerio de Administración Pública, previa evaluación. La norma también exige observar la disponibilidad presupuestaria, por lo que el proceso requiere justificación funcional y respaldo financiero dentro de la estructura institucional.
Variaciones en la nómina de asesores
La relación mensual incluida en la auditoría muestra variaciones importantes durante el período evaluado, con desembolsos especialmente elevados en los últimos meses de 2020. Para la Cámara de Cuentas esos movimientos refuerzan la necesidad de autorizaciones, soportes de contratación y controles internos que permitan verificar la legalidad y pertinencia de cada designación.
Los pagos por sueldos e incentivos alcanzaron RD$21,054,191, en octubre de 2020, y RD$16,380,781, en noviembre del mismo año. El comportamiento de esos desembolsos llamó la atención de los auditores porque correspondían a cargos cuya aprobación formal no fue documentada por la institución.
El mayor monto mensual se registró en diciembre de 2020, cuando los pagos a asesores sumaron RD$39,900,757, según la tabla incluida en la auditoría. Ese mes concentró una proporción significativa de los recursos observados y acentuó el señalamiento sobre la falta de documentación para sustentar la creación, autorización y permanencia de esos cargos en la nómina pública.
Para la Cámara de Cuentas, la ausencia de evidencias sobre la aprobación del MAP no constituye un asunto meramente formal, sino una debilidad que puede afectar la transparencia del gasto público y la trazabilidad de las decisiones administrativas. En cargos de confianza o asesoría, indica el informe, la institución debe conservar los documentos que justifiquen la necesidad del puesto, la autorización correspondiente y el impacto presupuestario de la designación.
Recomendaciones de control y fiscalización
Como recomendación, el órgano fiscalizador indicó que el ministro de Educación debe garantizar, mediante la Dirección de Recursos Humanos, mecanismos de control para que las contrataciones de asesores cuenten con autorización previa y soporte documental.
La medida busca que cada cargo de esa naturaleza tenga revisión previa, justificación institucional y constancia de aprobación emitida por la autoridad competente.
La Cámara de Cuentas sostuvo, además, que esos controles deben ajustarse a la Ley 41-08, a fin de asegurar que los nombramientos se realicen conforme al marco legal vigente y no dependan únicamente de decisiones internas. En ese sentido, el informe insiste en que la Dirección de Recursos Humanos debe actuar como filtro institucional para prevenir designaciones sin la documentación requerida.
Respuesta de los exministros
Mediante una comunicación fechada el 10 de junio de 2026 y firmada por el exministro Antonio Peña Mirabal. En ella, el exfuncionario planteó que, para los años auditados, el Minerd contaba con una dispensa para los nombramientos, por lo que, a su juicio, estos no requerían autorización del MAP.
Peña Mirabal también sostuvo que, conforme a la Ley 41-08, los asesores especiales y asistentes directos de funcionarios de alto nivel se clasifican como funcionarios públicos de confianza.
Según esa interpretación, la designación de ese personal correspondía a una facultad de la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio, orientada a brindar asistencia técnica, acompañamiento administrativo y apoyo estratégico en áreas prioritarias para la gestión.
Sin embargo, los auditores indicaron que la entidad no suministró documentación que demostrara la existencia de la alegada dispensa o autorización especial. Ante esa ausencia de soporte, la Cámara de Cuentas mantuvo la observación original, al considerar que la respuesta no desvirtuaba el hallazgo ni aportaba pruebas suficientes para dejarlo sin efecto.
El informe también recoge una respuesta del exministro Andrés Navarro García, quien señaló, mediante comunicación del 17 de junio de 2026, que las operaciones observadas se produjeron con posterioridad a su salida de la institución. Navarro García indicó que dejó el Ministerio de Educación el 17 de febrero de 2019, por lo que sostuvo que el caso no correspondía a su gestión ni debía atribuirse al período en que encabezó la cartera educativa.
Lo que plantea la auditoría en su conclusión
En sus consideraciones jurídicas, la Cámara de Cuentas concluyó que hubo incumplimientos a disposiciones vinculadas con la función pública y con los controles que deben regir la administración de personal en las instituciones estatales. El órgano auditor enfatizó que los requisitos legales no pueden sustituirse por argumentos administrativos si estos no están acompañados de documentos verificables.
El caso figura entre los señalamientos relevantes de la auditoría practicada al Ministerio de Educación. Aunque la entidad defendió la legalidad de las designaciones bajo el argumento de una supuesta dispensa y de la naturaleza de confianza de los cargos, la Cámara de Cuentas mantuvo su conclusión al no recibir documentación que acreditara la aprobación del MAP.
El órgano fiscalizador advirtió que, ante los incumplimientos detectados, los principales funcionarios y servidores públicos de la entidad fiscalizada podrían comprometer su responsabilidad administrativa por acción u omisión, conforme a los artículos 47 y 54 de la Ley 10-04. La advertencia sitúa el hallazgo en el ámbito de posibles consecuencias institucionales por la falta de controles, autorizaciones y soportes documentales en el manejo de la nómina pública.
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