Caso Jet Set: Procurador Wilson Manuel Camacho Peralta celebra envío a juicio de fondo y asegura que los peritajes apuntan a negligencia e imprudencia

A la salida del Jet Set, el procurador Wilson Camacho defendió la solidez de la acusación del Ministerio Público luego de que el juez Raymundo Mejía dispusiera el envío del expediente a juicio de fondo, una decisión que —según se informó al término de la audiencia— no incluyó la calificación de homicidio voluntario.

Camacho sostuvo ante la prensa que la acusación presentada por la Fiscalía fue acogida “de manera total” y subrayó que no solo cuenta con el respaldo del Ministerio Público, sino también con la adhesión de 42 de los 54 querellantes que se incorporaron al proceso. En ese marco, destacó que el tribunal impuso como medida coercitiva la inmovilización de millones de pesos, con el objetivo de asegurar que, una vez el caso llegue al juicio, los derechos de las víctimas puedan ser “restaurados”.

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En sus declaraciones, el procurador remarcó la dimensión del impacto social del caso y el miedo que, dijo, provocó tanto en las víctimas directas como “en el centro del alma del pueblo dominicano”. Afirmó que desde el inicio el Ministerio Público realizó todas las diligencias que permite la ley: levantamiento de pruebas y la orden de un peritaje en el que participó un perito internacional, con el fin de reconstruir “los hechos tal como ocurrieron” y presentarlos ante el tribunal.

Consultado por la admisión del peritaje para el juicio de fondo, Camacho restó preocupación y aseguró que los informes técnicos, de todos modos, señalan “negligencia” e “imprudencia”. “Ambos peritajes dicen que la culpa de que se produjera el colapso del 10-S fue de ambos, de los acusados”, afirmó, anticipando que la fiscalía buscará que los imputados respondan penalmente “por los hechos que cometieron”.

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Finalmente, al ser interrogado sobre lo que viene en el proceso y el horizonte de la sentencia, Camacho respondió que aspiran a una decisión “pegada de derecho” y reiteró la intención del Ministerio Público de perseguir “el máximo que permite la ley” en términos de pena.