La Cámara de Cuentas detectó deficiencias documentales en una licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para el suministro de almuerzos escolares durante el año lectivo 2021-2022, en un proceso que involucró adjudicaciones por más de RD$58.8 millones a nueve proveedores cuyos expedientes estaban incompletos.
Según el informe de la auditoría financiera, las irregularidades se produjeron durante la gestión del exministro de Educación, Roberto Furcal y del entonces director del Inabie, Cecilio Rodríguez Montás, en el período escolar 2020-2021.
La investigación especial abarcó la licitación n.º INABIE-CCC-LPN-2021-0009 y los saldos financieros asociados a ese proceso. Además de examinar el procedimiento de contratación, la Cámara de Cuentas evaluó la razonabilidad de los estados financieros y de las ejecuciones presupuestarias de la entidad correspondientes al período auditado.
Hallazgos de la auditoría
De acuerdo con el informe final de la investigación especial, divulgado en mayo de 2026, la Cámara de Cuentas estableció que los expedientes de nueve proveedores adjudicados no contenían documentos esenciales para verificar la legalidad y trazabilidad del proceso. Entre los soportes ausentes se encontraban las notificaciones de adjudicación, los registros mercantiles, los contratos y otras piezas fundamentales de la contratación.
El órgano de control advirtió que la falta de esos documentos impidió verificar de forma completa si las actuaciones de los funcionarios responsables se ajustaron a las normas que rigen las contrataciones públicas. Según la investigación, la situación vulnera disposiciones de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, así como normas de control interno, contabilidad gubernamental y conservación de archivos públicos, en un proceso que debía contar con expedientes íntegros y verificables.
Marco legal
Ante esa situación, la Cámara de Cuentas recomendó al director ejecutivo instruir a las áreas jurídica y de compras para garantizar la organización, conservación y resguardo íntegro de los expedientes de contratación, a fin de evitar posteriores vacíos de información que dificulten la fiscalización de recursos.
El marco legal del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se sustentó en diversas disposiciones jurídicas que regularon su funcionamiento, estructura y procesos administrativos.
Entre las normas que rigieron a la entidad oficial figuraron la Constitución de la República, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado, con sus modificaciones y reglamentos de aplicación; la Ley Orgánica de Educación 66-97, que creó la institución; el Reglamento 04-2017 del Consejo Nacional de Educación y la Resolución 01-2022. Según el órgano fiscalizador, varias de estas disposiciones se infringieron durante los procesos de adjudicación de contratos a proveedores del desayuno escolar.
Atribuye irregularidades a gestión anterior
Tras los hallazgos, el exdirector del Inabie, Víctor Castro Izquierdo, atribuyó las irregularidades a la gestión anterior, encabezada por Cecilio Rodríguez Montás, y afirmó que, en su administración, aplicó correctivos para fortalecer las compras, como la revisión de los pliegos, ajustes en los criterios de evaluación y adjudicación, y el refuerzo de los controles internos.
Minimiza los hallazgos, pero reconoce anomalías
En respuesta a las observaciones, el exdirector del Inabie, Cecilio Antonio Rodríguez Montás, argumentó que los expedientes cuestionados corresponden a una proporción reducida frente al universo total de adjudicatarios del proceso. No obstante, admitió que cualquier ausencia de documentación en un procedimiento de esta magnitud debía subsanarse, dada la sensibilidad operativa y presupuestaria del programa de alimentación escolar.
Observación de la CCRD
Pese a los argumentos presentados por la institución, la Cámara de Cuentas concluyó que la documentación de respaldo de esos nueve proveedores no fue entregada de manera íntegra, una situación que, a juicio del ente fiscalizador, compromete la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados y refuerza la necesidad de corregir las debilidades de control detectadas.
La revisión del proceso, por parte de la Cámara de Cuentas, de la licitación INABIE-CCC-LPN-2021-0009 se basó en determinar si se cumplió la normativa de compras y contrataciones públicas, así como en examinar la transparencia de las adjudicaciones, los criterios aplicados para seleccionar a los proveedores, la legalidad de los pagos realizados y la idoneidad de los suplidores beneficiados.
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