La auditoría al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) correspondiente a 2021-2023 identificó obras en desuso, diferencias contables y carencias de control interno, aunque la Contraloría General de la República (CGR) consideró subsanadas varias observaciones tras evaluar los alegatos y la documentación de la entidad.
El período examinado corresponde a la gestión de José Eurípides Florentino Rodríguez al frente de la institución. Las diferencias contables señaladas se refieren al registro y a los certificados de acciones de La Tabacalera.
La referencia a la gestión fiscalizada identifica el período examinado. El documento no atribuye responsabilidades individuales a funcionarios de la entidad. Las observaciones y recomendaciones buscan corregir debilidades internas y fortalecer los controles institucionales.
El informe general abarca tesorería, inventarios, activos fijos, cuentas por pagar, presupuesto, recursos humanos y contrataciones. Describe a la entidad fiscalizada como la institución encargada de administrar las acciones del Estado dominicano en las empresas reformadas y establece que debe invertir los beneficios en programas y proyectos de desarrollo.
Instalaciones sin uso
El informe registra RD$ 238 millones 250 mil 995 pagados por construcción y equipamiento de infraestructura. La revisión incluyó panaderías y reposterías, viviendas económicas, el play de béisbol Mambuiche, una funeraria municipal en Montecristi y centros de confección textil en La Cumbre y Quita Coraza. La cifra no corresponde exclusivamente a las cinco panaderías examinadas al inicio.
En la revisión inicial, la auditoría describió esas cinco panaderías como proyectos en desuso, aunque la tabla distingue sus estados: La Buena Esperanza y La Leonor figuran en proceso; Sabana Larga, terminada; y Carrera de Yegua y Villa Carmen, cerradas. Ante el riesgo de deterioro de la inversión estatal, recomendó inspecciones periódicas, mantenimiento y reevaluación de los proyectos según su impacto social.
Tras evaluar la réplica y los acuerdos aportados, la Contraloría consideró subsanado el punto. Según su respuesta, a la institución examinada le correspondía construir y amueblar, y a las gobernaciones y entidades receptoras, velar por el funcionamiento o inicio de las operaciones. La respuesta aclara responsabilidades, pero no documenta la puesta en servicio de todas las instalaciones ni la regularización de los terrenos.
Por otra parte, el informe señala que las obras se construyeron en terrenos no titulados, respaldados por escritos de donación, y recomienda regularizar su propiedad. También reproduce una cláusula que asigna a la entidad fiscalizada el seguimiento del buen uso y mantenimiento de las panaderías y reposterías, con facultad de revocar los derechos otorgados ante un uso inadecuado. Los acuerdos íntegros permitirían precisar esa obligación y la de las entidades receptoras.
Acciones y aportes
En los registros contables, la auditoría también observó que, al 31 de diciembre de 2023, la cuenta "Inversión La Tabacalera, S. A." registraba RD$ 886 millones 506 mil 500, frente a RD$ 695 millones 349 mil 700 respaldados por certificados físicos de acciones custodiados por la institución. El informe consigna una diferencia de RD$ 191 millones 156 mil 800 y la atribuye a recursos transferidos para capital de trabajo.
Ese respaldo accionario estaba distribuido en dos certificados: el número 8 comprendía 3,459,281 acciones por RD$ 345 millones 928 mil 100, y el 512, otras 3,494,216 acciones por RD$ 349 millones 421 mil 600. Ambos tenían un valor nominal de RD$ 100 por acción. La tabla del informe registra un total de 6,953,497 acciones y RD$ 695 millones 349 mil 700 en certificados emitidos a favor del Estado dominicano.
El hallazgo "Inversión en capital de trabajo sin el respaldo documental" cuestiona que los aportes se registraran en una cuenta de inversión en acciones. La observación apunta al respaldo documental y a la clasificación contable; no acredita una pérdida de fondos.
Además, los auditores advierten que esa clasificación puede distorsionar los activos y las revelaciones de los estados financieros. También señalan diferencias que pueden surgir por falta de conciliación entre los registros contables y sus auxiliares.
Por ello, la auditoría recomienda separar el valor nominal de las acciones de los desembolsos para capital de trabajo o futuras capitalizaciones; gestionar certificados que formalicen los aportes destinados a futuras capitalizaciones; y reclasificar los importes correspondientes de la cuenta "Inversión La Tabacalera, S. A." a otra denominada "Aportes para Capital de Trabajo".
Sin embargo, la versión facilitada no recoge una respuesta posterior del órgano de control para este hallazgo ni documenta la reclasificación o la emisión de nuevos certificados. Tampoco acredita que los aportes se hubieran convertido en acciones. Su estado requiere comprobar el anexo 3.2.1 y los documentos de respaldo.
Anticipos a contratistas
En cuanto a los anticipos del 20% para obras no ejecutadas, la entidad auditora precisó un desembolso de RD$ 2 millones 463 mil 567. Excluyó de ese importe las reclamaciones judiciales por daños y perjuicios, que no constituían desembolsos de la entidad fiscalizada. Consideró subsanado el punto al valorar las demandas y las actuaciones sobre pólizas de fiel cumplimiento. Estas diligencias no acreditan por sí solas la recuperación del dinero ni la ejecución de las obras.
Control interno y subsanación
La evaluación del Sistema de Control Interno registra un cumplimiento global de 46.36%, calificado como «incipiente». La auditoría identificó la ausencia total o parcial de manuales, políticas y procedimientos en tesorería, bienes, inventarios, cuentas por pagar y cobrar, asignación de combustible, recursos humanos y contrataciones. Según el informe, estas carencias limitaban la estandarización de los controles y la prevención de errores e irregularidades.
Ante estas carencias, los auditores recomendaron formalizar procedimientos, desarrollar la gestión de riesgos y solicitar acompañamiento de la dirección de desarrollo normativo de la Contraloría. Tras evaluar los alegatos y la documentación, el órgano de control consideró subsanado el punto e indicó que el informe debía modificarse. La respuesta no identifica los instrumentos aportados ni sus fechas de implementación.
Servicios comunes e inventarios
La auditoría observó que los servicios comunes facturados a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de Electricidad / PROTECOM se compensaron contra gastos en lugar de registrarse como ingresos. La tabla consigna RD$ 9 millones 830 mil 904 para 2021-2023, aunque otro párrafo presenta una cifra distinta. La Contraloría consideró subsanado el punto tras recibir la evidencia de las correcciones.
En la revisión patrimonial, también se señaló que no se había recibido un inventario de la gestión anterior y que 39 activos, por RD$ 7 millones 506 mil 429, no estaban registrados en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB). La entidad auditora consideró subsanados ambos puntos tras evaluar documentación posterior. No detalla cómo se resolvió la falta del inventario de entrega ni cuándo se incorporaron los bienes. Para el SIAB, también aceptó cambiar la redacción del hallazgo.
Transferencias y presupuesto
La ejecución presupuestaria también presentó variaciones: el informe consigna 16.62% en 2021, 154.63% en 2022 y 69.00% en 2023. El análisis inicial las relacionó con debilidades de planificación y seguimiento, pero también explicó el peso de las transferencias de capital al Gobierno Central.
En concreto, según el documento, en 2021 RD$ 3 mil 800 millones estaban previstos para esas transferencias y el Gobierno no solicitó los fondos. Para 2022, el informe atribuye la ejecución superior al presupuesto a operaciones que incluyeron la adquisición de acciones de La Tabacalera y una transferencia de RD$ 4 mil 400 millones al Gobierno Central. En 2023, señala que no se transfirieron RD$ mil 216 millones 43 mil contemplados inicialmente.
Al evaluar la réplica, la Contraloría acogió los alegatos sobre las partidas subutilizadas: las transferencias de capital dependían de las solicitudes, instrucciones y prioridades del Poder Ejecutivo. Indicó que el informe ameritaba cambios, sin declarar expresamente el punto «subsanado». La respuesta explica las condiciones de ejecución, no una corrección de todos los procesos presupuestarios.
Almacén y estados financieros
En cambio, en el almacén, los auditores constataron un resguardo adecuado de bienes y materiales, instalaciones en buen estado y medidas de seguridad, higiene y vigilancia idóneas. El informe registra adquisiciones de suministros por RD$ 92 millones 117 mil 331 para equipar panaderías, reposterías y funerarias durante el período auditado.
En información financiera, el documento señala que la institución examinada preparaba estados en los cortes semestrales y al cierre fiscal conforme al manual de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). La auditoría recomienda aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y elaborar los estados oportunamente para facilitar su revisión y análisis.
Compras, cuentas por pagar y nóminas
Además de los hallazgos, el informe registra compras y contrataciones por RD$ 242 millones 397 mil 420 durante 2021-2023 y pagos de nómina por RD$ 321 millones 461 mil 546. Al cierre de 2023, las cuentas por pagar ascendían a RD$ 11 millones 218 mil 269; la muestra revisada comprendió 23 proveedores por RD$ 9 millones 198 mil 980, equivalente al 82% del saldo según el documento. Los apartados de nóminas y cuentas por pagar no presentan hallazgos específicos.
Discrepancias y pendientes
No obstante, la versión facilitada contiene referencias ajenas a la descripción del Fonper: una misión sobre servicios de salud y una mención al Ejército de la República. También presenta cifras distintas para los servicios comunes: RD$ 9 millones 521 mil 83 en un párrafo y RD$ 9 millones 830 mil 904 en la tabla y la descripción inicial.
En anticipos, una recomendación mantiene RD$ 7 millones 731 mil 59, mientras que la respuesta posterior precisa desembolsos por RD$ 2 millones 463 mil 567 y distingue las reclamaciones por daños y perjuicios. Ambos importes no deben tratarse como si correspondieran necesariamente al mismo concepto.
En compras, las cantidades por modalidad suman 496 procesos, pero el total y la narración declaran 692. El presupuesto inicial de 2021 figura como RD$ 4 mil 465 millones 764 mil 854 en la narración y RD$ 4 mil 465 millones 674 mil 848 en la tabla. Las diferencias requieren aclaración documental.
Por su parte, el cuadro de inversiones presenta la participación del Fonper junto al patrimonio neto de las compañías. La narración denomina RD$ 47 mil 886 millones 142 mil 813 «total patrimonial invertido», pero el patrimonio conjunto de esas empresas no equivale automáticamente al valor de la participación del Fonper. La metodología del cuadro requiere comprobación.
Los documentos de respaldo permitirían determinar cómo quedaron registrados los aportes a La Tabacalera, qué correcciones sustentaron las subsanaciones y si las obras entraron en funcionamiento después de las réplicas. El informe disponible recoge las conclusiones del órgano de control, pero no documenta todos esos resultados.
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