La afiliada María de los Milagros Flores Ovando presentó una querella con constitución en actor civil contra varias personas que también figuran entre los imputados en el caso SeNaSa 2.0, al sostener que utilizaron sus datos personales y falsificaron su firma para gestionar reclamaciones por servicios médicos que asegura nunca recibió.
La querella conocida hoy fue depositada el 21 de septiembre ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y constituye una acción particulardistinta de la investigación penal que el Ministerio Público desarrolla contra los imputados de la denominada Operación Cobra 2.0-A.
Flores Ovando sostiene que su información de afiliación fue utilizada para tramitar autorizaciones y reclamaciones ante el Seguro Nacional de Salud por procedimientos que, según afirma, nunca solicitó ni recibió.
La acción fue presentada contra médicos, exempleados de SeNaSa y otras personas señaladas por la querellante, entre ellas Griselda Altagracia Basora Ramírez, José Luis Díaz Hernández, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez, además del Centro Médico Universal.
Varios de esos nombres aparecen también en la investigación que lleva el Ministerio Público por un presunto esquema de fraude contra la aseguradora estatal.
A diferencia de una denuncia que origine una investigación, la querella de Flores Ovando se produce cuando el proceso penal contra los señalados ya se encuentra judicializado.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados de esta nueva fase y pidió que el proceso sea declarado complejo.
La firma cuestionada y los reclamos ante SeNaSa
Uno de los principales elementos expuestos por la querellante es un análisis grafotécnico realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Según el documento presentado por Flores Ovando, el análisis fue realizado el 17 de septiembre de 2025 sobre documentos remitidos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de establecer la autenticidad de firmas atribuidas a la afiliada.
Entre los documentos examinados figura un formulario de reclamación de SeNaSa fechado el 30 de julio de 2024 por RD$11,664, correspondiente a una supuesta resección de un granuloma vulvoperineal.
También aparece otro documento del 31 de julio de 2024 por RD$500 y un formulario fechado el 31 de enero de 2025 por RD$462.30, relacionado con una supuesta atención de emergencia o urgencia en el Hospital Municipal de Mata Hambre.
Flores Ovando sostiene que no recibió ninguno de esos servicios.
La querella atribuye a los doctores Díaz Hernández y Rodríguez Ravelo la presunta elaboración y validación de formularios en los que aparece la firma cuestionada. Sus abogados sostienen que la pericia del INACIF identificó la falsificación.
Reclama indemnización de RD$20 millones
Además de solicitar que se investiguen los hechos y que se establezcan responsabilidades, Flores Ovando reclama una indemnización de RD$20 millones por los daños y perjuicios que atribuye al uso de su identidad y de sus datos.
La querellante también solicita medidas sobre los bienes de los investigados y plantea que el proceso avance hacia la acusación y un eventual juicio.
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