Funcionarios reaccionaron este miércoles tras la reciente aprobación del proyecto que crea el Ministerio de Justicia, y mientras unos consideran la medida como un paso clave para modernizar y fortalecer el sistema judicial otros critican su implementación por supuesta “falta de claridad, escaso consenso y poca efectividad” antes los problemas del sistema penitenciario.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, valoró la creación del Ministerio como un paso importante para fortalecer el sistema de justicia, al permitir que la Procuraduría General de la República (PGR) se concentre exclusivamente en sus funciones constitucionales de persecución penal.
“En ningún país del mundo el Ministerio Público administra cárceles o emite certificaciones. Esta reforma devuelve al Ministerio Público su rol natural de investigar y presentar casos con calidad”, manifestó.
Castaños rechazó las críticas de algunos sectores que afirman que la creación de este nuevo ministerio no fue consensuada, indicando que el tema se viene discutiendo desde el año 2008, y que ha sido abordado en todos los gobiernos.
“Decir que no fue consensuado es desconocer una discusión que lleva más de 15 años en la agenda de reformas institucionales del país”, enfatizó.
La directora de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, coincidió con Castaños al indicar que esta iniciativa apunta a mejorar el sistema judicial dominicano, permitiendo que la PGR se concentre en sus funciones esenciales.
“No tiene sentido que la Procuraduría esté encargada de las cárceles, de la comida o del tratamiento de los reclusos. Eso debe ser manejado por un organismo con competencias administrativas”, dijo.
Al referirse a los retos para lograr cambios estructurales en el país, destacó que la experiencia y la estrategia son esenciales para alcanzar este objetivo.
“Cuando una cosa fracasa, no es solo por emoción. Es porque no se calculan bien las fuerzas que uno necesita para lograrlo”, argumentó.
"Grandes incongruencias"
De su lado, el dirigente político Rubén Maldonado dijo estar en desacuerdo con la forma en que se ha gestionado el proyecto que crea el Ministerio de Justicia, a la vez que cuestionó su impacto sobre el sistema judicial y penitenciario del país.
“Desde el primer momento hemos fijado posición. Ese proyecto tiene grandes incongruencias y aspectos que no están claros. ¿Para qué un Ministerio de Justicia?”, manifestó, lo que a su entender, la iniciativa no responde a los problemas estructurales del sistema judicial dominicano.
Maldonado subrayó que la creación de una nueva institución no garantiza mayor eficiencia ni rapidez en los procesos judiciales.
“¿Vamos a fortalecer la institucionalidad judicial con esto? ¿Un juicio que debería durar 6 meses va a seguir durando 4 años?”, argumentó.
Asimismo, Maldonado sostuvo que la promesa de que el nuevo ministerio resolvería las mafias y el caos del sistema penitenciario es una expectativa “infundada”.
“El problema no es crear o no un ministerio, el problema es que no se aplica la ley. Mientras todo siga siendo un desorden, nada va a cambiar”, precisó.
Maldonado también lamentó la falta de consenso en el desarrollo del proyecto, señalando que el mismo debería haber sido analizado más a fondo, considerando todas sus implicaciones, como la gestión de cárceles y los procesos judiciales.
“El sistema penitenciario no se arregla con una ley ni con un nuevo ministerio, se arregla con voluntad, aplicación efectiva de la norma y una verdadera transformación institucional”, puntualizó.
Esperando ser promulgado
El martes 5 de agosto los diputados convirtieron en Ley el proyecto que crea el Ministerio de Justicia, de la autoría del senador Cristóbal Venerado Castillo, el cual pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El referido proyecto tiene como finalidad crear y organizar la estructura y funciones del Ministerio de Justicia, a la vez de fortalecer el Sistema de Justicia.
El Ministerio de Justicia estará integrado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior Electoral (TSE), entre otros.
Compartir esta nota