Las familias desalojadas la semana pasada de sus viviendas en Metro Country Club podrán regresar a sus hogares por orden judicial, luego de que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís acogiera una acción en referimiento y dispusiera nuevas medidas de protección mientras continúa el conflicto por la titularidad de los terrenos.
La decisión, emitida este 2 de junio, representa un paso adicional respecto a la medida provisional adoptada por el mismo tribunal el pasado 29 de mayo, cuando fueron suspendidos los desalojos y paralizados temporalmente los efectos de la sentencia de adjudicación que favorecía a Suheil Elías Atallah Lajam.
Del cese de los desalojos al retorno de los residentes
La resolución conocida este martes ordena la reincorporación inmediata de los propietarios afectados a las viviendas de las que fueron desalojados y dispone que el Ministerio Público se abstenga de tramitar, autorizar o ejecutar nuevas solicitudes de desalojo relacionadas con los inmuebles en disputa mientras el proceso judicial siga abierto.
La medida fortalece la protección cautelar concedida días antes. El 29 de mayo, el tribunal había detenido provisionalmente los desalojos y suspendido el auxilio de la fuerza pública utilizado para ejecutarlos, al considerar necesario preservar la situación mientras estudiaba el fondo del recurso presentado por Metro Country Club.
Con la nueva decisión, el tribunal no solo mantiene esa suspensión, sino que restituye temporalmente la posesión de las viviendas a los residentes afectados.
Debate sobre garantías procesales
Cuestionan forma en que se realizaron los desalojos
Durante las audiencias, la representación legal de los propietarios argumentó que las medidas fueron ejecutadas sin que los afectados fueran previamente escuchados ni notificados de manera adecuada.
Según los planteamientos expuestos ante el tribunal, varias de las familias desalojadas poseen títulos de propiedad registrados y han ocupado los inmuebles durante años, circunstancias que, a juicio de la defensa, debían ser ponderadas antes de cualquier actuación de fuerza.
La controversia gira en torno a una disputa por la titularidad de terrenos en la que las partes mantienen posiciones encontradas y que incluye alegaciones sobre una posible duplicidad registral, aspecto que continúa siendo objeto de discusión judicial.
Litigio sigue pendiente de decisión definitiva
Aunque la resolución representa una victoria procesal para los residentes afectados, el conflicto principal sobre la propiedad de los terrenos aún no ha sido resuelto.
La ordenanza tiene carácter cautelar y busca preservar los derechos de las partes mientras los tribunales conocen el fondo de la controversia. Por esa razón, la decisión no pone fin al litigio, sino que establece condiciones temporales para evitar nuevas afectaciones mientras se determina quién posee los derechos definitivos sobre los inmuebles y terrenos en disputa.
Los desalojos ejecutados la última semana en Metro Country Club generaron preocupación entre propietarios y residentes del complejo turístico-residencial ubicado en San Pedro de Macorís.
La intervención judicial del 29 de mayo suspendió de manera provisional las medidas de fuerza, mientras que la decisión del 2 de junio ordenó la restitución de las viviendas a los afectados y amplió la protección judicial hasta que el caso sea resuelto de forma definitiva.
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