República Dominicana obtuvo una decisión completamente favorable en un arbitraje internacional iniciado por el empresario Yves Martine Garnier, luego de que el Tribunal Arbitral desestimara en su totalidad las reclamaciones que superaban los US$100 millones, equivalentes a más de RD$5,882 millones a la tasa de cambio actual.
El laudo fue dictado el 19 de agosto de 2026, dentro del proceso administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo el caso núm. 2022-01.
El arbitraje tuvo su origen en la terminación del contrato de concesión para la gestión y recolección de residuos sólidos suscrito entre EGTT Dominicana, S.A., empresa vinculada al demandante, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
El Tribunal determinó que la terminación del contrato fue válida conforme al derecho dominicano, debido a deficiencias en la prestación del servicio por parte de la empresa. Asimismo, concluyó que los hechos alegados por el demandante no alcanzaban el nivel requerido para establecer una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, destacó que la decisión representa un respaldo a la posición del país en la defensa de sus intereses.
«La defensa del Estado no es únicamente la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos», expresó el funcionario.
La defensa del Estado dominicano fue coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto al Gobierno de la Municipalidad de Santo Domingo Este. Posteriormente se incorporó el Ministerio de Justicia, que, en virtud de la Ley núm. 80-25, tendrá la representación del Estado en los arbitrajes de inversión.
Para el proceso, la República Dominicana contó además con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, a través de su oficina en Washington, D.C.
Las autoridades señalaron que este resultado forma parte de la estrategia de defensa activa del Estado dominicano para proteger los recursos públicos y fortalecer la seguridad jurídica que respalda la inversión extranjera en el país.
Compartir esta nota