Los abogados del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara recusaron a la jueza Ysis Muñiz Almonte, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, al considerar que no está en condiciones de conocer la solicitud de medida de coerción contra su defendido.
La recusación se fundamenta en que, según la defensa, la magistrada habría participado en elementos vinculados al proceso investigativo, incluyendo la entrega controlada de un presunto soborno de US$10,000, lo que a su juicio compromete su imparcialidad para conocer el caso.
Asimismo, sostienen que su intervención en un elemento de prueba limita su objetividad en la audiencia.
El Ministerio Público, representado por el titular de la Dirección de Persecución, Wilson Camacho, rechazó los argumentos de la defensa y calificó la recusación como una maniobra dilatoria.
Camacho afirmó que la acción constituye un “grito desesperado” ante lo que describió como evidencias contundentes en contra del imputado. Señaló además que la defensa ya había participado en audiencias previas sin objetar a la jueza, pese a conocer los mismos argumentos que ahora sustentan la recusación.
Han venido con un absurdo de recusar a una jueza a la que en dos audiencias anteriores le hicieron pedimentos. Esto es una muestra de litigio temerario para huir de la realidad que les aplasta, expresó.
El funcionario aseguró que, independientemente de las acciones de la defensa, el proceso avanzará y los imputados deberán enfrentar las pruebas presentadas por el órgano acusador, que mantiene su solicitud de prisión preventiva como medida de coerción.
Tras la recusación, el proceso queda ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, que deberá decidir si acoge o rechaza la solicitud. Dependiendo de ese fallo, la audiencia continuará con la misma jueza o será asignada a otro tribunal.
El Ministerio Público expresó su expectativa de que la decisión sea emitida en el menor tiempo posible, a fin de retomar el conocimiento del caso.
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