El Gobierno dominicano firmó un contrato con el gobierno de Israel en 2009 para dotar a la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) de tres radares (3D) y un Centro de Mando, Control y Comunicaciones (C3), por un monto de 34 millones de dólares.
Adicionalmente, se autorizó una adenda de 10 millones de dólares para ampliar la capacidad del sistema. De este total, la administración de Leonel Fernández entregó 27.5 millones de dólares como anticipo a la empresa proveedora para importar los equipos e iniciar el proyecto.
La iniciativa tenía como propósito equipar a la República Dominicana con tres radares tridimensionales de uso militar, con el fin de reforzar la vigilancia del espacio aéreo nacional y apoyar las operaciones de los aviones Super Tucano en la lucha contra el narcotráfico.
Esta medida fue declarada de Seguridad Nacional a través del decreto No. 211-12, emitido durante el mandato de Fernández.
¿Y qué sucedió?
No obstante, con la llegada de Danilo Medina a la Presidencia y, más tarde, de Luis Abinader, el proyecto quedó completamente desatendido: no se asignaron los fondos restantes para concluirlo, lo cual provocó que los equipos comprados quedaran en desuso, se volvieran obsoletos y se incumpliera el contrato firmado con la compañía proveedora Alta Industrial Aeronáutica Israelí, representada en el país por la empresa Heaven Peralta Alta (COHPE).
Con estos equipos, la República Dominicana estuvo cerca de alcanzar un avance significativo en su seguridad nacional.
Especialistas señalan que, por primera vez, el país habría contado con radares militares propios con capacidad para monitorear tanto el sur y el este del territorio nacional como el sur de Haití, tal y como lo establecía el acuerdo con la empresa israelí proveedora.
Esta tecnología, considerada avanzada en su momento, tenía el objetivo de fortalecer la defensa del espacio aéreo dominicano y ofrecer un apoyo contundente en la lucha contra el crimen organizado internacional, particularmente en la batalla contra el narcotráfico.
Todo esto formaba parte de una iniciativa ambiciosa promovida durante el último mandato de Leonel Fernández, enfocada en modernizar y robustecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para enfrentar los riesgos de ese momento y los desafíos del futuro.
La instalación de los tres radares militares en versión 3D habría representado un paso crucial para la defensa nacional, ya que permitiría identificar con gran exactitud y en tiempo real cualquier aeronave sospechosa, incluyendo aquellas que ingresan por la costa norte de Sudamérica, considerada una vía estratégica para el tráfico de drogas.
44 millones de dólares
El acuerdo inicial, firmado en 2009, preveía una inversión de 34 millones de dólares, a la cual se sumó posteriormente una adenda de 10 millones de dólares para incrementar la capacidad operativa del sistema.
Esta infraestructura tecnológica avanzada fue concebida para proporcionar un apoyo directo a las operaciones de la flotilla de aviones Super Tucano, reforzando de manera significativa la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional.
De los tres radares contemplados en el proyecto, únicamente se logró poner en funcionamiento uno, el ELM-2106NG, mientras que los otros dos permanecen sin operar y se están deteriorando en la base aérea de San Isidro.
De acuerdo con especialistas, esta infraestructura habría sido clave para enfrentar el tráfico internacional de drogas, una problemática que en los últimos veinte años ha convertido a la República Dominicana en un punto estratégico para el tránsito de narcóticos hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
No obstante, la instalación del radar ELM-2106NG de mediano alcance en la Base Aérea de San Isidro apenas funcionó durante tres meses, ya que supuestamente se incendió poco tiempo después de su puesta en marcha.
Se conformó una comisión para investigar el incidente, pero el informe nunca se hizo público y no se sabe si se determinaron responsabilidades por lo ocurrido.
Este ambicioso proyecto tecnológico procuraba integrar de manera eficiente todos los recursos disponibles: aeronaves, personal especializado, sistemas de comunicación, radares, bases de datos e información proveniente de organismos competentes y de inteligencia de la aviación civil, a través del Centro de Mando, Control y Comunicaciones (C3) de la FARD.
El informe del Senado
En 2014, la Comisión de Seguridad y Defensa del Senado de la República llevó a cabo una investigación sobre el proyecto, con el propósito de evaluar el estado operativo del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Nacional.
Este análisis incluyó un examen de los activos existentes, el grado de interoperabilidad entre los sistemas y la situación presupuestaria.
De acuerdo con el informe del Senado, la primera etapa del sistema tuvo un costo total de 34,593,000 dólares estadounidenses, de los cuales el Estado dominicano ya había desembolsado 27,548,909 dólares a la empresa contratista responsable del proyecto.
A pesar de que los miembros del Congreso mantuvieron supervisión constante sobre el avance del proyecto militar y solicitaron en repetidas ocasiones que el Poder Ejecutivo liberara los US$ 7 millones restantes a la empresa encargada de la instalación de los radares, el Ejecutivo nunca gestionó ni autorizó el desembolso de los recursos pedidos.
La investigación realizada por la Comisión del Congreso de la República concluyó que los equipos y la tecnología adquiridos en 2010 y trasladados al país en 2012 por la empresa israelí contratada presentan un estado avanzado de deterioro y se consideran parcialmente obsoletos.
No obstante, en ese momento aún era posible recuperarlos y utilizarlos, siempre que se llevara a cabo una intervención adecuada, según el informe de los congresistas.
Sospechas de infiltración del narco
El presidente de la Asociación de Ciudadanos Contra la Corrupción, Reemberto Pichardo Juan, pidió públicamente al mandatario Luis Abinader que instruya al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) para llevar a cabo una investigación minuciosa y transparente.
El objetivo es identificar a quienes, desde la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas, habrían obstaculizado o saboteado la instalación de los radares militares en la base aérea de San Isidro en el gobierno de Danilo Medina.
En la solicitud dirigida al presidente Abinader, los abogados representantes de la entidad, Carolina Marines y Freddy Ureña, afirmaron que existieron, y posiblemente continúan existiendo, personajes vinculados al narcotráfico dentro del Palacio Nacional y de las Fuerzas Armadas, lo que representa una amenaza grave y directa para la seguridad interna del país, que pudieran estar detrás del boicot contra el proyecto de los radares militares.
Advertencia sobre incumplimiento de contrato
La empresa Alta Systems LTD, adjudicada mediante licitación internacional para la adquisición e instalación del Sistema de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Nacional, ha señalado que podría iniciar acciones para reclamar indemnizaciones por el incumplimiento contractual.
Esta advertencia se fundamenta en los artículos 8 y 27 del contrato, los cuales estipulan una indemnización automática a favor de la parte perjudicada en caso de incumplimiento.
De acuerdo con lo establecido en el contrato original firmado en 2009 entre el Gobierno dominicano y el Gobierno de Israel —este último actuando en representación de la empresa proveedora internacional—, cualquier controversia legal que involucre a ambas partes deberá dirimirse ante un tribunal federal con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 27 del contrato, la empresa tendría derecho a recibir una compensación de $25,000 dólares mensuales por cada uno de los 13 años que el proyecto ha estado paralizado por falta de fondos, siempre y cuando así lo determine una Corte Federal en Estados Unidos.
Robo y vandalización de equipos
En 2022, se denunció que equipos destinados a la seguridad y defensa del espacio aéreo nacional fueron desmantelados y sustraídos de la base militar de San Isidro, en hechos que presuntamente involucraron a altos mandos militares.
Dichos funcionarios habrían obstaculizado el proyecto de los radares y, además, robaron una planta de 350 kilos dentro de las instalaciones militares que serviría de apoyo al proyecto.
La información fue confirmada por el Consorcio Heaven Peralta Alta (COHPE), empresa responsable de la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tres radares tridimensionales (3D).
Además, COHPE denunció el desmantelamiento, por parte de personas ajenas, del sistema de aire acondicionado y del Centro de Mando, Control y Comunicaciones destinado a la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD).
Compra de nuevos aviones
El Gobierno ha fortalecido la defensa aérea de la República Dominicana con la adquisición de nuevos aviones de vigilancia y combate ligero, buscando modernizar y ampliar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
A pesar de estos avances, el país sigue careciendo de un Sistema Nacional Integrado de Defensa Aérea, ya que la ausencia de radares militares impide brindar un respaldo efectivo a las misiones aéreas y garantizar la seguridad integral del espacio aéreo nacional, de acuerdo con lo que han planteado especialistas en la materia.
Entre las aeronaves adquiridas recientemente por la Fuerza Aérea de la República Dominicana se encuentran 28 nuevas unidades incorporadas en los últimos dos años.
Estas incluyen diez aviones de entrenamiento y patrulla Flying Legend TP-75 Dulos, seis helicópteros de transporte ligero Bell UH-1H Huey, cuatro helicópteros Leonardo AW169, siete aviones CASA ENAER T-35 Pillán/E-26 Tamiz y un Cessna 208 Caravan. Lo que hace más urgente la instalación de una plataforma de radares de uso militar.
Abinader autoriza retomar proyecto
En 2022, el presidente Luis Abinader dio luz verde al Ministerio de Defensa para reactivar el proyecto del sistema de radares militares, cuyo objetivo es proteger el espacio aéreo nacional y combatir el narcotráfico.
A pesar de esta autorización, el proyecto, que llevaba más de una década detenido por "falta de recursos", sigue sin avances reales y permanece únicamente en etapa de comisiones, sin resultados concretos hasta la fecha.
La decisión del presidente Abinader de retomar el polémico proyecto tecnológico se tomó después de que acento.com.do publicara varios reportajes que evidenciaron tanto la urgente necesidad de los radares como el estado crítico en el que se encuentran los equipos que fueron adquiridos por el Estado dominicano.
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