El agente Melitón Cordero, supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA) asignado desde hace seis años a la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, fue arrestado en Washington D.C. y formalmente acusado por la Fiscalía de Estados Unidos por conspiración de soborno y fraude de visas, en un caso que ha llevado al cierre temporal de la oficina local de la agencia antinarcóticos.
Según la denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Cordero presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener visas de no inmigrante que les permitirían entrar temporalmente al país norteamericano.
En al menos un caso documentado, se le imputa haber proporcionado a un ciudadano un pasaporte y una visa a cambio de dinero en efectivo.
Durante su labor en Santo Domingo, Cordero agilizó al menos 119 solicitudes de visa, algunas de las cuales las autoridades consideran potencialmente fraudulentas, y en varias ocasiones habría asesorado a los solicitantes sobre cómo preparar las entrevistas consulares.
Investigación conjunta
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro señaló que la conducta imputada “malversó la confianza especial” depositada en Cordero como representante del gobierno estadounidense en el extranjero y socavó las prioridades migratorias del presidente de Estados Unidos.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que estas acciones “no reflejan a los miles de profesionales de la agencia que sirven con honor y protegen a las comunidades”.
El caso está siendo investigado conjuntamente por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la propia DEA.
Como consecuencia de las investigaciones, la embajadora de EE.UU. en República Dominicana, Leah Francis Campos, anunció el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo, citando el presunto “abuso del programa de visas”.
El supuesto abuso estaría relacionado con el uso indebido del programa de visas S de no inmigrante, un documento especial diseñado para testigos o informantes que colaboran con investigaciones federales. Este programa permite que dichas personas permanezcan en Estados Unidos durante procesos penales o investigaciones a cambio de información útil para las autoridades.
Hasta el momento, no se han detallado públicamente todos los elementos de la acusación ni si existen otros implicados, y el proceso judicial en Estados Unidos continuará con la presentación de cargos ante un tribunal federal.
¿Qué sigue?
Cordero enfrenta ahora el proceso penal en el sistema federal estadounidense, mientras que la cooperación entre Washington y Santo Domingo en materia de seguridad y lucha contra el crimen transnacional queda bajo escrutinio por las implicaciones de este caso.
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