¿Puede la lucha contra la corrupción sobrevivir a un plazo de reloj rígido?

La intención se conoció ayer y, de inmediato, se dispararon las alarmas… A la justicia le quieren poner reloj para los casos de delincuencia de cuello blanco en el Congreso Nacional, a través de una intencionada y rápida reforma al código procesal penal que será discutida este miércoles por diputados y diputadas. 

De lograr imponer el “plazo rígido”, afán de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pasarán a la historia los casos de corrupción administrativa, tales como Anti Pulpo, Calamar, Coral 5G; pero también, los de lavado de activos y narcotráfico, que por sus complejidades (expedientes de más de 10 mil páginas) y estar ejecutados por individuos en posiciones de poder y privilegio, ameriten el “plazo razonable” del juez o la jueza. 

Una fuente de entero crédito precisó a Acento.com.do que la “intentona” está siendo seguida de cerca por la procuradora general de la República, la magistrada Yeni Berenice Reynoso Gómez, quien confía en que la reforma al código procesal penal imponiendo un reloj se disuelva, pues también sería una encerrona para los casos de homicidios y crímenes transnacionales. 

Al respecto, el abogado y activista por los derechos humanos, Fernando P. Henríquez, confiesa que, de aprobarse el “plazo rígido” este miércoles, ningún abogado se molestaría en llevar un proceso de corrupción administrativa, pues se iría rumbo al fracaso. “En todos los países del mundo el tratamiento de la criminalidad organizada se diferencia porque a los jueces se les da un ‘plazo razonable', pues aunque se tengan estándares, en circunstancias se requiere de más tiempo… No es lo mismo un robo simple que una investigación que conlleva largos expedientes; forzar al sistema a unos plazos sería una encerrona”, afirma.

Ante el avistamiento de un tsunami institucional, que puede lacerar aún más tanto el sistema de justicia como el político, Henríquez precisa que es necesario revisar el uso de prisión preventiva utilizando metodologías como los brazaletes electrónicos; también, abrir más salas con jueces y juezas;  fortalecer, tanto con recursos humanos como con tecnología, las auditorías internas.