La Procuraduría General de la República dejó en funcionamiento una nueva Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual, junto a una oficina del servicio Relevic en Hato Mayor, con el objetivo de garantizar mayor acceso a la justicia y protección a la ciudadanía.
Durante el acto, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso destacó la importancia de fortalecer la familia, la escuela y la sociedad como pilares para construir una cultura de paz y reducir los niveles de violencia.
La justicia debe estar donde la necesiten las personas, expresó Reynoso, al subrayar que no es posible disminuir los conflictos sociales sin intervenir en los espacios donde se forman los ciudadanos.
La nueva unidad, ubicada en el sector La Guama, ofrecerá atención integral a víctimas, incluyendo servicios psicológicos, médicos, sociales y legales. A través de Relevic, las personas que no cuenten con recursos económicos podrán acceder a representación legal gratuita.
Las autoridades informaron que en el primer trimestre de 2026 se han registrado 17,525 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales a nivel nacional. Asimismo, en 2025 se reportaron más de 73 mil casos, lo que evidencia la magnitud del problema en el país.
Violencia intrafamiliar
Reynoso advirtió que la violencia intrafamiliar impacta directamente en el desarrollo de niños y adolescentes, generando patrones de conducta que perpetúan el conflicto en la sociedad.
Como parte de las acciones para fortalecer el sistema de justicia en la provincia, también se anunció la creación de una fiscalía comunitaria en el municipio Sabana de la Mar antes de finalizar el año 2026.
En la actividad participaron autoridades locales y representantes del Ministerio Público, quienes coincidieron en que esta iniciativa representa un paso importante para garantizar una atención digna, oportuna y cercana a las víctimas.
Equipo multidisciplinario
La nueva dependencia contará con un equipo multidisciplinario integrado por fiscales, psicólogos forenses, médicos, trabajadores sociales y personal de apoyo, enfocados en la prevención, atención e investigación de los delitos de violencia de género y sexuales.
Con esta apertura, el Ministerio Público reafirma su compromiso de acercar la justicia a las comunidades y garantizar que las víctimas sean tratadas con respeto, empatía y protección integral.
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