Un tribunal de Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva a tres hombres imputados de matar a una mujer y lanzar su cuerpo en una cisterna de una vivienda del barrio El Capacito, del municipio Santo Antonio de Guerra.
Elías Castillo Sánchez (el Patrón), Jason Stwartd Javier Cabral (Copiloto) y Pablo Antonio Calcaño Silverio (Maiky) son procesados por el hecho delictivo cometido en contra de Reynalda Carrasco Antoine.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Ivette Mateo señala que el 15 de febrero de 2026, alrededor de las 4:30 de la tarde, fue levantado el cuerpo de la víctima en el citado lugar.
La investigación indica que Castillo Sánchez tenía una obsesión con la víctima, iniciando este una serie de amenazas directas y por WhatsApp, hostigamiento que al final terminó con la vida de la joven.
Después de los hechos ocurridos, sustrajeron de la occisa diversos objetos, incluidos su teléfono móvil, con la finalidad de simular un robo y con esto despistar a la Policía.
Durante el conocimiento de la medida, el fiscal litigante Tito Oseas mostró al juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, suficientes evidencias que vinculan a los tres imputados con los hechos.
El Ministerio Público otorgó al caso, de manera provisional la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 331 del Código Penal dominicano, sobre asociación de malhechores, violación y asesinato.
Treinta años de prisión para tres hombres que mataron a otro a tiros en La Vega
Un tribunal condenó a 30 años de prisión a tres hombres hallados culpables de provocar la muerte a otro que los sorprendió mientras perpetraban un robo en un colmado del sector El Higüero, provincia La Vega, en el año 2021.
Eladio Nicolás Rodríguez (el Gordo o el Guerrero), Jonathan de la Rosa Roque (Picu) y Enmanuel de Jesús Hernández (el Ak, el Acá o el Haca) fueron condenados cada uno a la pena máxima por la muerte de Juan Lora Guillermo, de 68 años de edad, cuyo deceso se produjo a causa de heridas en el tórax y el abdomen.
Además del cumplimiento de la pena privativa de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, la sentencia establece el pago de indemnizaciones de RD$6 millones a un hijo de la víctima mortal y RD$1.5 millones al propietario del colmado donde cometieron el robo.
El expediente acusatorio señala que el día en que ocurrió el crimen, el 17 de noviembre de 2021, alrededor de las 4:30 de la madrugada, los ahora condenados robaron en un colmado del referido sector, por cuya periferia caminaba el occiso Lora Guillermo. Detalla que los procesados envenenaron un perro y luego penetraron al interior del negocio donde sustrajeron diferentes tipos de productos comestibles.
Explica que el cuerpo de la víctima fue encontrado una hora después por los moradores del lugar, quienes procedieron a llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, cuyos miembros, junto a representantes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional y un médico legista, identificaron el cadáver.
En la escena del crimen fueron ocupados dos casquillos calibres 9mm y 45 mm, un proyectil y cuatro sacos con las mercancías sustraídas.
Luego de cometer los hechos los ahora procesados huyeron del lugar, siendo posteriormente arrestados en la comunidad Jeremías tras una rápida persecución.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, valoró la imposición de la pena máxima solicitada por el Ministerio Público tras demostrar con pruebas irrefutables la responsabilidad penal de los condenados.
La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Miguel Tolentino, mientras que la fiscal litigante Yamilka de la Cruz representó al Ministerio Público en el juicio.
Las juezas Carmen Miledys Sánchez, Lucrecia Rodríguez y Julissa Candelario, del Tribunal Colegiado de La Vega, dictaron la sentencia condenatoria y una absolutoria para un cuarto procesado por el caso.
El caso recibió la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 267, 295, 304, 379, 381, 382, 384, 385 y 386-II del Código Penal, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores, homicidio voluntario y robo con violencia y arma de fuego, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican y sancionan el porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
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