Durante el discurso central por el Día del Poder Judicial, se expuso el dato de que, hasta el año 2019, existían casos en la alta corte que permanecían sin fallo desde 1982.
El magistrado Henry Molina utilizó esta estadística para graficar el nivel de congestión que afectaba al sistema previo a las actuales reformas administrativas.
Según los datos presentados, en aquel contexto nueve de cada diez casos tardaban un año o más en recibir una solución definitiva.
Además del retraso en las sentencias, el funcionario indicó que la fijación de la primera audiencia podía demorar hasta cinco años en concretarse.
La persistencia de estos retardos históricos generaba incertidumbre en los ciudadanos y paralizaba inversiones debido a la falta de respuesta oportuna de los tribunales.
En su rendición de cuentas, la institución aseguró haber eliminado más de 40 años de mora judicial estructural mediante una política de tolerancia cero al atraso.
Actualmente, el organismo reporta que el 90 % de los conflictos en la jurisdicción suprema se resuelven en un plazo promedio de un año o menos.
En cuanto a los tiempos por materia, el promedio de respuesta en casos civiles y comerciales se sitúa ahora en 12 meses.
Para los expedientes de materia penal, el 80 % recibe una decisión en un lapso de tres meses, según las cifras oficiales.
A pesar de los avances mostrados en la sede central, la entidad reconoció que aún persisten retos de congestión en los departamentos judiciales de mayor volumen.
De hecho, la demarcación de Santo Domingo fue señalada como la única que todavía no alcanza la meta del 80 % de tribunales al día.
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