El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva contra Henry Tomás Castillo Peña, de 57 años, y Brailyn López Del Rosario, de 20, a quienes acusa de proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología vinculados con la explotación sexual de adultos y presuntos menores de edad.
La petición fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de una investigación que involucró a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), la Fiscalía del Distrito Nacional y unidades especializadas de la Policía Nacional.
Investigación comenzó con inspección en Nueva York
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Castillo Peña fue detenido e inspeccionado el 13 de noviembre de 2025 por autoridades estadounidenses cuando llegó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.
Durante una segunda inspección, las autoridades estadounidenses encontraron presuntamente en su teléfono celular videos de abuso sexual infantil y una conversación relacionada con la solicitud de servicios sexuales de un presunto menor de edad.
Según la investigación dominicana, esa conversación permitió vincular al imputado con un inmueble de la calle Emilio Prud’Homme, en el sector San Carlos, donde posteriormente se concentraron las pesquisas.
El Ministerio Público sostiene que la información obtenida por las autoridades estadounidenses fue entregada mediante mecanismos de cooperación judicial entre ambos países, específicamente a través del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT).
Allanamiento posteriores en San Carlos
La investigación derivó en un allanamiento realizado el 9 de septiembre de 2026, mediante una orden judicial emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a Brailyn López Del Rosario y, según el expediente citado por el Ministerio Público, a varias personas que serían víctimas de explotación sexual.
Durante la requisa fueron ocupados preservativos, lubricantes, cuadernos con anotaciones sobre servicios sexuales, facturas, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, títulos de propiedad, pasaportes, dinero en efectivo y otros documentos.
Las autoridades también investigan el supuesto uso de redes sociales para difundir imágenes de contenido sexual y gestionar servicios a cambio de dinero.
Investigación con participación de organismos dominicanos y estadounidenses
La investigación está encabezada por la PETT y la Fiscalía del Distrito Nacional, con la participación de unidades policiales especializadas en trata y tráfico de personas, delitos transnacionales y delitos conexos.
También interviene la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, además de otros organismos que integran la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
Por la parte estadounidense participa Homeland Security Investigations (HSI), organismo que, según la Fiscalía, aportó información y elementos obtenidos durante la investigación iniciada en Estados Unidos.
La audiencia fue aplazada para el 15 de septiembre
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la medida de coerción para mañana 15 de septiembre de 2026.
Los dos hombres permanecen bajo investigación mientras el tribunal deberá determinar si existen elementos suficientes para imponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
El caso combina acusaciones de explotación sexual, presunto contenido de abuso sexual infantil, manejo de recursos económicos y utilización de plataformas digitales, por lo que la investigación abarca tanto posibles delitos contra las personas como conductas vinculadas con tecnología y lavado de activos.
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