El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó su rotundo rechazo a la agresión de que fueron objeto el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, su equipo y miembros de la prensa que lo acompañaron en una inspección al canódromo el pasado lunes.
Consideró que esta acción constituye un grave atentado a la libertad de prensa, agravado por la acción de borrar lo documentado en el incidente, afectando el derecho a la información que tiene la población.
"Es totalmente inaceptable que frecuentemente miembros de los cuerpos policiales y militares se comporten de manera dictatorial, agresiva y arbitraria contra ciudadanos y ciudadanas, y menos aún contra una autoridad constitucional como el defensor del Pueblo, totalmente revestido del derecho de presentarse en cualquier organismo público o privado donde se haya denunciado violaciones a los derechos de la población", señaló en una nota de prensa.
Participación Ciudadana enfatizó que, tratar de impedir su entrada a un recinto público, agredir a la comitiva, despojar de cámaras y celulares a los miembros de la prensa, son delitos que deben ser sancionados de manera ejemplar, no sólo con la destitución sino también con un sometimiento a la justicia.
"Es hora de que, de una vez por todas, las fuerzas del orden entiendan que no están por encima de las leyes, ni para atropellar a los ciudadanos y que los recintos públicos no son lugares cerrados, protegidos por un muro de impunidad, donde nadie se entera de lo que ahí pasa", preciso el movimiento cívico.
Participación Ciudadana entiende que es oportuno el momento para transformar ese centro de retención de vehículos que ha sido denunciado por muchos años como un ente de corrupción, atropello y violación de derechos a los ciudadanos.
"Miles de vehículos son incautados por decisiones arbitrarias de los policías de tránsito, más allá de las atribuciones que les asigna la ley. Es cierto que en el país se necesita imponer el orden en el tránsito, pero esto sólo se logrará con el imperio de la ley, educación y con actuaciones respetuosas por parte de la policía", concluyeron.
El Consejo Nacional de la institución de la sociedad civil, confía en que el presidente Luis Abinader aprovechará esta oportunidad para dar un ejemplo y ordenar el desmonte y total transformación de este centro de atropello y despojo a los ciudadanos.
También, señalaron que, sería oportuno concientizar y disciplinar a los miembros de la Digesett en lo relativo a los derechos humanos, a los límites de sus actuaciones y al conocimiento de las funciones de figuras de la democracia como lo son el defensor del Pueblo y la prensa.