Participación Ciudadana reconoció los avances del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, pero también advirtió sobre aspectos que requieren mayor revisión para evitar retrocesos.
El movimiento cívico valoró que la nueva legislación busque actualizar el marco normativo vigente desde 1962, con la Ley 6132, desfasada ante el actual contexto tecnológico.
Entre los aportes positivos del proyecto, se destacó el reconocimiento del acceso a internet como derecho fundamental y el compromiso del Estado para garantizarlo.
También se establece la prohibición de la censura indirecta, mediante prácticas como la asignación arbitraria de publicidad estatal o frecuencias radiofónicas.
El proyecto distingue entre periodistas y comunicadores sociales, y reconoce el derecho universal a la comunicación sin necesidad de autorización previa, salvo en casos regulados.
Se promueve el principio de tolerancia a la crítica hacia figuras públicas, y se refuerza la neutralidad de la red, garantizando igualdad de trato a todo contenido.
Cláusula de conciencia
Cada medio deberá contar con un director responsable del contenido, y se protege la cláusula de conciencia y el secreto profesional del periodista.
El proyecto penaliza el uso de seudónimos para dañar reputaciones, permitiendo a los afectados exigir la revelación de identidades, incluso en tribunales.
Las plataformas digitales con más del 10% de los usuarios del país estarán sujetas a reglas sobre transparencia, moderación de contenidos y protección de derechos.
Estas plataformas deberán tener representantes legales domiciliados en República Dominicana, garantizar el idioma español en sus términos y notificar cambios al usuario.
El acceso gratuito a la radio y televisión abierta será garantizado por el Estado, junto con medidas para fortalecer la industria de contenidos nacionales.
Los medios deberán separar información de opinión, identificar sus posturas editoriales y transparentar sus propietarios y estructuras empresariales.
Se fijan normas para proteger los derechos de niños, adolescentes y personas con discapacidad en los medios audiovisuales.
El proyecto contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicaciones (Inacom), en sustitución del actual Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Inacom funcionará como órgano colegiado, descentralizado y autónomo, con cinco miembros designados por el Senado a partir de ternas del Poder Ejecutivo.
Habrá un Consejo Directivo con funciones normativas y capacidad para emitir resoluciones, realizar audiencias públicas y someter reglamentos al Ejecutivo.
El régimen sancionador será administrativo, con posibilidad de multas, suspensiones o revocaciones de servicios, respetando el debido proceso y el derecho a recurrir.
No se contemplan sanciones penales directas, pero se aplicaría la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología para casos de difamación o injuria digital.
También se creará un Consejo Asesor de Servicios de Comunicación, con representación de medios, gremios, sociedad civil, universidades y entes públicos.
Eliminación de archivos informativos
Entre las preocupaciones planteadas, Participación Ciudadana advirtió que el artículo 9 puede permitir la eliminación de archivos informativos, si se cuestiona su veracidad.
Criticó que se exija residencia permanente en el país al director de un medio, desconociendo las dinámicas del trabajo digital transnacional.
Se señaló que la auditoría de algoritmos no está debidamente definida en sus procedimientos, lo que limita su aplicabilidad.
También se objetó la redacción del artículo sobre desindexación de contenidos, por no incluir excepciones relacionadas con casos de corrupción o procesos judiciales.
Participación Ciudadana cuestionó la función del Inacom de “velar por el buen uso del idioma”, por considerarla ambigua y susceptible a censura.
Lamentó que no se regule la comunicación política fuera de las etapas de campaña y precampaña, dejando vacíos que afectan la regulación electoral.
La duración de dos años para los miembros del Consejo Directivo fue calificada como insuficiente y peligrosa para la independencia institucional.
Finalmente, se alertó que la regulación de espectáculos públicos usa conceptos vagos como “dignidad” y “moral”, que podrían facilitar censuras arbitrarias.
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