El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, manifestó su preocupación por la crisis persistente en el sector eléctrico nacional, la cual ha provocado apagones de hasta 12 horas diarias desde agosto, afectando gravemente a las familias y la economía popular.
La organización señaló que, pese a las millonarias inversiones y subsidios estatales, el sistema muestra un deterioro estructural que impacta tanto en la calidad del servicio como en las finanzas públicas.
De acuerdo con datos oficiales, entre enero y agosto de 2025 el Gobierno destinó más de RD$ 62,000 millones al subsidio eléctrico, cifra equivalente al 60 % del total de subsidios ejecutados en ese período. Sin embargo, las pérdidas de energía pasaron de 36.9 % en 2024 a 37.6 % en 2025, lo que representa que de cada RD$ 100 invertidos se pierden RD$ 38 por fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas.
En ese sentido, señaló que a septiembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas reportó más de 800,000 conexiones ilegales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), equivalentes al 25% de los clientes formales. Aunque al mes de agosto de 2025 esta cifra descendió a 650,000, el número – sostuvo – sigue siendo alarmante y representa una de las principales fuentes de pérdidas del sistema.
A esta situación se suman mafias vinculadas a funcionarios, familiares de políticos y empresas creadas para beneficiarse irregularmente del sector, lo que ha generado protestas y cuantiosas pérdidas económicas.
"La persistencia cíclica de la crisis eléctrica se debe, además, a la inmensidad de los fraudes en el consumo, tanto de una parte de la población como también de sectores poderosos; la incapacidad de facturar lo servido y fallas graves en los sistemas de control interno, la gobernanza y la transparencia de las empresas distribuidoras (EDES)", subrayó.
Aseveró que el impacto de estas irregularidades se refleja en las cifras oficiales: entre enero y mayo de 2025, las EDES registraron pérdidas del 41.7 % del suministro eléctrico.
La organización advirtió que el Decreto 517-25, que declara en emergencia aspectos clave del sector eléctrico, debe implementarse con estrictos controles y supervisión independiente para evitar que se convierta en un nuevo foco de corrupción y sobrevaluaciones.
Frente a este panorama, Participación Ciudadana demandó al Gobierno un conjunto de medidas urgentes: transparentar las operaciones de las EDES mediante informes mensuales, despolitizar el sector, realizar auditorías externas, redefinir la política de subsidios priorizando a los hogares vulnerables, establecer metas verificables de reducción de pérdidas, e intensificar la lucha contra el fraude con sanciones y judicialización de los responsables.
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