Organizaciones de parceleros solicitaron al presidente Luis Abinader declarar en estado de emergencia ambiental varios proyectos agrícolas del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en la provincia La Romana, ante denuncias sobre tala de árboles, fabricación clandestina de carbón, ocupaciones y presuntas operaciones irregulares de comercialización de terrenos.
La Asociación Frente Agropecuario, Revolucionario y Comunitario Mi Propio Esfuerzo (FARCOMPE), la Asociación de Parceleros María Trinidad Sánchez y el Proyecto Agrícola Agropecuario y Porcino (PROAAGROPOR-CUMAYASA) señalaron como zonas afectadas los proyectos 406, 476 y 520, ubicados en Cumayasa, Villa Hermosa, El Gato y La Noria.
Los dirigentes y voceros Mario Díaz, Angela María Acosta y Eusebio Rijo reclamaron una intervención de las autoridades para determinar la situación legal de los terrenos y verificar las denuncias ambientales planteadas por los parceleros.
Piden revisar desde cero los proyectos del IAD
Mario Díaz afirmó que las organizaciones han intimado en cuatro ocasiones, mediante actos de alguacil, al IAD y al Ministerio de Agricultura para que realicen un saneamiento integral de los proyectos 406, 476 y 520.
Explicó que la solicitud no se limita a la asignación de nuevas parcelas, sino que contempla una revisión de los expedientes y de las ocupaciones existentes para determinar quiénes son los beneficiarios legítimos y cuáles documentos cuentan con validez jurídica.
“Queremos que se investigue todo y que, si una documentación es legítima, que se respete; si existen documentos falsos, duplicados o utilizados fraudulentamente para negociar terrenos del Estado, que se determine quiénes son los responsables y que respondan ante la justicia”, sostuvo Díaz.
Los parceleros también pidieron investigar denuncias sobre personas que estarían ofreciendo terrenos de la Reforma Agraria a dominicanos y extranjeros mediante supuestos títulos o documentos provisionales cuya autenticidad y legalidad, según plantean, deben ser verificadas por las autoridades.
Las organizaciones aclararon que su denuncia no está dirigida contra una nacionalidad específica, sino contra cualquier persona que eventualmente ocupe, comercialice o explote terrenos estatales sin derechos reconocidos legalmente.
Reclaman mayor presencia de Medio Ambiente
Los denunciantes reconocieron las acciones realizadas en las últimas semanas por representantes provinciales del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SEMPA), quienes, según indicaron, han acudido a algunas de las zonas señaladas.
Sin embargo, consideran insuficiente la capacidad operativa disponible para mantener una vigilancia permanente y reclamaron más personal, vehículos y recursos.
Como parte de su propuesta, los parceleros ofrecieron un local de concreto para establecer un destacamento y una dotación militar permanente en la zona.
Piden investigar tala y producción de carbón
Las organizaciones sostienen que terrenos destinados a la producción agropecuaria están siendo afectados por la tala de árboles y la fabricación clandestina de carbón.
Díaz cuestionó que terrenos concebidos para la Reforma Agraria sean utilizados para actividades distintas a la producción agropecuaria.
“Esas tierras fueron destinadas a producir alimentos, generar empleos y garantizar un futuro digno a los agricultores”, expresó.
Los parceleros también solicitaron que se aplique de manera efectiva el Decreto 615-26, que, según plantean, establece medidas relacionadas con la protección del patrimonio natural y el combate de conductas consideradas terrorismo medioambiental.
Solicitan intervención de varias instituciones
Los grupos plantearon una intervención que involucre al IAD, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, SEMPA, el Ministerio Público y los organismos de seguridad.
Entre sus solicitudes figuran:
- Realizar un saneamiento jurídico y administrativo de los proyectos.
- Levantar un registro físico y georreferenciado de las parcelas.
- Revisar los expedientes y documentos de los ocupantes.
- Investigar las denuncias sobre ventas y transferencias irregulares.
- Identificar las actividades de tala y fabricación clandestina de carbón denunciadas.
- Recuperar terrenos ocupados ilegalmente, mediante el debido proceso.
- Garantizar la permanencia de los agricultores y parceleros con derechos reconocidos.
- Establecer una presencia permanente de las autoridades ambientales y de seguridad.
Los parceleros indicaron que continuarán documentando las situaciones denunciadas y reclamando una respuesta institucional sobre las condiciones de los proyectos agrícolas del IAD en La Romana.
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